A fines de la década de los 80 el Perú era un país de poco interés para la inversión privada debido a que mostraba no solo una producción per capita similar a la registrada treinta años atrás, hiperinflación y reservas internacionales negativas, sino también un aislamiento de la comunidad financiera internacional y altos niveles de violencia terrorista. Desde mediados de los 70, las políticas expansivas y la fijación de precios claves, condujeron casi siempre a la aplicación de ajustes que recaían fundamentalmente en la población más pobre del país. Tales políticas, conjuntamente con la ausencia de estabilidad económica y de un marco institucional adecuado afectaron la asignación eficiente de los recursos y retrajeron la inversión de largo plazo.

En este contexto, a partir de agosto de 1990, en el Perú se ha venido aplicando un drástico programa de estabilización económica y un conjunto de reformas estructurales, cuyas características y resultados se verá a continuación.

El programa de estabilización económica ha girado fundamentalmente en torno a una política monetaria estricta y una política fiscal austera. Las acciones más importantes que se han venido aplicando en este marco son las siguientes:

· Con una nueva Ley Orgánica, se dio plena autonomía al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y se le planteó como único objetivo preservar la estabilidad monetaria; prohibiéndosele financiar al sector público, orientar el crédito a sectores específicos, y aplicar sistemas de tipo de cambio múltiple.

· Se planteó como único objetivo de la política monetaria la estabilidad de precios vía el control de la emisión primaria. Para tal efecto, la intervención del BCRP en el mercado cambiario ha sido para satisfacer la demanda por moneda nacional y, a la vez, atenuar las fluctuaciones de corto plazo en la cotización del dólar. La política monetaria, entonces, no ha tenido un objetivo específico respecto al nivel del tipo de cambio. Para atenuar las presiones revaluatorias derivadas del ingreso de capitales externos, el Banco Central utiliza el encaje a los depósitos en moneda extranjera, entre otros instrumentos.

· Al eliminarse la posibilidad del financiamiento por la vía de la emisión del Banco Central, se ha limitado el gasto del Gobierno sólo a los ingresos corrientes y al financiamiento externo. Por ello se ha fortalecido la administración tributaria y simplificado el sistema impositivo (hoy existe solo cuatro impuestos: a la Renta, a las Ventas, el Selectivo al Consumo y los aranceles a las importaciones), efectuando sustantivos cambios para ampliar la base tributaria, mejorar la inspección y la reestructuración de la administración en las aduanas.

· Por el lado del gasto, al reducirse el aparato del Estado y privatizarse la mayor parte de sus empresas, se ha reducido el nivel del gasto corriente y eliminado los subsidios, con la subsecuente liberalización del precio de los combustibles y demás precios controlados.

Las reformas estructurales, por su parte, tuvieron que ver con el redimensionamiento del aparato estatal, la liberalización del mercado de capitales y del sistema financiero, la eliminación de trabas al comercio exterior, la modificación del sistema previsional, la flexibilización de los mercados laboral y de tierras, entre otras. Las acciones más importantes han sido las siguientes

· Además de la reducción de personal y desaparición de algunas instituciones públicas, se ha restringido la actividad del Estado solo a la provisión de servicios públicos básicos. En este marco, hasta 1997 se han realizado alrededor de 100 procesos de privatización de empresas estatales, generando ingresos en efectivo cercanos a los US$ 5 mil millones y proyectos de inversión por más de US$ 7 mil millones. Asimismo, por ley se ha suprimido todo monopolio estatal en la producción y comercialización de bienes.

· Se ha eliminado todo tipo de trabas a los flujos de capitales internacionales, permitiéndose la libre disponibilidad, uso y remisión de moneda extranjera.

· Se ha ampliado el número de operaciones de los intermediarios financieros; promovido la competencia con la apertura a la inversión extranjera y el desmantelamiento de las barreras a la entrada de capitales; y reforzado la supervisión bancaria.

· Se ha establecido un sistema privado de pensiones de capitalización individual, que reemplaza al sistema público de pensiones de reparto, con el propósito de fomentar el ahorro interno y el desarrollo del mercado de capitales, así como solucionar el problema de las reducidas pensiones de jubilación.

· Se redujo drásticamente la dispersión y niveles de las tasas arancelarias, eliminándose todo tipo de restricción al comercio exterior con el propósito de que los precios internacionales estimulen la eficiencia productiva, y el mercado interno se someta a la competencia externa.

· Se ha reformulado las condiciones de despido y de negociación colectiva, con el propósito de mejorar la competitividad de la empresa privada y los niveles de empleo. Asimismo, se puso fin a la antigua reforma agraria y se ha garantizado la propiedad privada de la tierra, permitiendo su libre transferencia y afectación en garantía.

El programa económico se complementó con un conjunto de acciones para obtener la pacificación y la reinserción del país en la comunidad financiera internacional. Este reinserción se logró el 7 de marzo de 1997 con la firma de un Plan Brady con la banca comercial y otros acreedores, tras un proceso bastante largo que implicó el acogimiento a un Programa de Acumulación de Derechos de Giro (1991-1992) y dos Acuerdos de Facilidad Ampliada (1993-1996 y 1996-1998) con el FMI, acuerdos con el BID (1991) y el Banco Mundial (1993), y el refinanciamiento y reprogramación de la deuda con los acreedores del Club de París (1991, 1993 y 1996).

Los resultados de las políticas reseñadas fueron bastante positivas: la inflación, luego de alcanzar su nivel máximo en 1990 (7,650 %), se redujo gradualmente, hasta una tasa de 6,5 % en 1997 (ver Gráfico Nº 1), las finanzas públicas mejoraron de manera sustancial, logrando un superávit primario en los últimos años, especialmente por el aumento de la presión tributaria que pasó de 9,6 % del PBI en 1990 a 14,2 % en 1996. Todo ello, junto con la pacificación del país, produjo un ambiente adecuado para la inversión productiva y, por ende, para el crecimiento de la actividad productiva del país, en particular desde 1994. Durante ese año, la expansión del PBI llegó al 13 % y en 1995 al 7 %. En 1996 tal dinamismo se atenuó para luego, en 1997, retomar un tasa promedio de 7 %. El PBI percápita, en consecuencia, ha venido recuperándose de manera sostenida, sin haber superado aún el nivel máximo alcanzado en 1981 (ver Gráfico Nº 2). La balanza de pagos por su parte se tornó positiva permitiendo una acumulación de reservas internacionales netas de alrededor de los US$ 10 mil millones al cierre de 1997.

Los efectos de esta recuperación económica sobre los niveles deempleo y remuneraciones no han sido muy significativos. La información disponible indica que la tasa de desempleo abierto en Lima Metropolitana aumentó de 8.3 % en 1990 a un máximo de 9.9 % en 1993, habiendo disminuido desde entonces hasta 7.9 % en 1996 (ver Gráfico Nº 3), es decir, mantuvo un comportamiento relativamente estable, en el contexto de una disminución del empleo público e importantes reestructuraciones en las medianas y grandes empresas del sector privado1 . Las remuneraciones reales, para empresas de más de 10 trabajadores, se recuperaron de manera sostenida entre 1993 y 1994, pero se mantuvieron estables entre 1994 y 1997 (ver Gráfico Nº 4).

Por otra parte, si bien es cierto que la inversión pública social2 , en el marco de una reformulación de la actividad económica del Estado, se incrementó de manera importante en los últimos años (pasando de un nivel percápita de US$ 0.8 en 1990 a US$ 3.7 en 1993, US$ 10.8 en 1994 y US$ 15.8 en 1995, aunque en 1996 se redujo a US$ 9.4),

la evidencia respecto a los niveles de pobreza y la distribución del ingreso no ha sido tan concluyente. Los Cuadros Nº 1 y Nº 2 muestran tal evidencia, la cual debe ser tomada con bastante cautela, quizá solo como referencia, debido a que en un sentido estricto la información contenida en ellos no es del todo comparable. Las encuestas que sirvieron de base para su estimación tienen diferencias importantes en cuanto a cobertura geográfica, método de selección y tamaño muestral, tipo y desagregación de las preguntas de los cuestionarios utilizados, cobertura conceptual de la variable de análisis, líneas de pobreza utilizadas y, adicionalmente, en el caso de la distribución del ingreso, respecto a la propia variable de análisis usada para efectuar la medición.

No obstante estas limitaciones, podría indicarse, solo a nivel de tendencias, que los niveles de pobreza aumentaron hacia finales de los 80 y principios de los noventa, para luego ir reduciéndose de manera paulatina (ver Cuadro Nº 1)3 . En el marco de este comportamiento, la meta del gobierno para el año 2,000 respecto a la pobreza extrema es reducirla a la mitad4 , lo cual supone que exista en dicho año no más de 2 millones 300 mil individuos en tal condición, de un total de 4 millones 542 mil en 1995.

Respecto a la distribución del ingreso podría señalarse que la recuperación económica que viene observándose en el país en los últimos años no la habría afectado, es decir, los niveles de desigualdad en la distribución de los ingresos se habrían mantenido estables (ver Cuadro Nº 2).