RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio tiene entre sus objetivos obtener información sobre las personas agraviadas por el delito de usura respecto a su situación social, económica y familiar. La población objetivo del presente estudio, son las personas naturales y pequeños empresarios que han sido afectados por la usura, siendo 305 las personas entrevistadas.

CARACTERISTICAS DEL AGRAVIADO

1. Los resultados de la encuesta, muestran que el 60,3% de las personas entrevistadas, son hombres y el 39,7% mujeres. Asimismo, estas personas entrevistadas, tenían entre 18 y más años de edad, siendo los más afectados por la usura, los hombres de 50 a 65 años, que representan el 47,3% y entre las mujeres, las más agraviadas, se encuentran entre los 30 a 49 años (46,3%).

2. Según el nivel de educación alcanzado de las personas agraviadas que se entrevistaron, el 40,6% tenían educación secundaria, el 36,1% nivel superior y el 22,3% tenían educación primaria. Se encontró entre los entrevistados, que sólo el 1,0% no tienen nivel educativo.

3. Respecto al estado civil de las personas agraviadas, aproximadamente el 73,0% son casados, el 11,1% son solteros, el 7,5% convivientes y el 8,5% declararon otro estado como viudo, separado y divorciado.

4. En cuanto a la condición de actividad de los afectados, el 53, 8% manifestaron que en la semana anterior a la encuesta, estuvieron trabajando. El 16,4 % comprende al grupo de agraviados que estuvieron buscando trabajo y el 29,8%, indicaron que no estuvieron trabajando ni buscando trabajo.

5. Con relación a la categoría de ocupación, el 64,0% de los agraviados, son trabajadores independientes, el 25,0% son dependientes, el 9,8% son empleadores o patronos y sólo el 1,2% son trabajadores familiares no remunerados.

CARACTERISTICAS DEL PRESTAMO

6. Cuando a los entrevistados, se les preguntó el motivo por el cuál no acudió al banco a solicitar el préstamo, el 35,7% de ellos, manifestaron desconocer los trámites bancarios y un 19,1% no confiaba en el banco, entre otros.

7. Con respecto a los fines por los cuales se solicitaba el préstamo, el 57,7% de los afectados, es decir, un poco más de la mitad, respondieron que fue por "negocios", el 16,7% por "salud" y el 16,4% manifestaron que fue por deudas.

8. Cuando se preguntó a las personas afectadas, sobre la frecuencia con que acuden a un prestamista para solicitar dinero, la mayoría, es decir, el 79,7% manifestaron que sólo fueron una vez, el 15,4% lo hicieron en más de una vez al año y el 4,9% indicaron otra frecuencia.

9. Por otro lado, de las personas afectadas por la usura, el 78,6%, acudió a un prestamista que formaba parte de una organización dedicada a esta actividad, mientras que el 21,4% de afectados, fueron atendidos por prestamistas que trabajaban de manera independiente.

10. Respecto al tipo de garantía que los prestatarios dieron por el préstamo solicitado, el 80,7% manifestaron que el prestamista les exigió sus inmuebles. Asimismo, el 90,2% de estos inmuebles están inscritos en los Registros Públicos y el 9,8% se encuentran en el Registro Predial Urbano. El 44,6% de los inmuebles, se encuentran desvalorizados entre un 25% y 50%.

11. Por otra parte, el 51,8% de los afectados por la usura, señalaron haber firmado títulos valores, como: letras, pagarés, entre otros, a fin de garantizar el préstamo solicitado.

12. Según los resultados de la encuesta, el 59,0% de los entrevistados manifestaron haber establecido contrato de mutuo acuerdo o préstamo de dinero. Del grupo de personas, que firmaron el contrato de mutuo acuerdo y que pactaron alguna cláusula penal, el 78,3% tenían que pagar un interés diario y el 13,3% indicaron que la periodicidad para pagar el interés fue mensual.

13. Con relación a la estructura del préstamo recibido, el 90,8 % de ellos, manifestaron que recibieron en moneda extranjera (dólares). Del total de afectados que se prestaron en dólares, un poco más de la mitad, es decir el 51,3% recibieron entre mil y diez mil dólares y un 40,8% recibieron entre 10 mil y 20 mil dólares.

Cuando se les preguntó sobre la tasa de interés mensual, el 52,0% de prestatarios que recibieron en dólares, respondieron que pagan un interés del 10 por ciento y un 11,4% paga el 20 por ciento.

14. Cuando se refiere a la forma en que recibieron el dinero prestado, el 74,5% manifestaron que fue en efectivo y sólo el 8,2% en cheque, entre otras formas. Asimismo, el 27,9% recibieron en forma inmediata, el 26,6% después de una semana, el 22,3% antes de una semana y el 8,4% después de un mes.

15. Respecto a la intervención del Notario Público durante los trámites que hicieron los agraviados para obtener el préstamo, el 45,6% de ellos, contaron con un Notario y el 54,4% no consideró necesario la participación de este funcionario.

16. Cuando se les preguntó a los agraviados, sobre el conocimiento de la tasa máxima de interés legal, el 90,8% de los entrevistados, no conocen sobre esta tasa. Ello explica la aplicación de tasas de interés del 5 a más del 20 por ciento.

PROCESO JUDICIAL Y PENAL

17. Según los resultados de la encuesta, el 72,2% de personas afectadas dejaron de pagar las cuotas fijadas en el contrato. El 34,8% de estas personas, dejaron de pagar cuando debían más del 50% y el 28,0% menos del 50 por ciento. Entre las razones por las que dejaron de pagar sus cuotas, el 37,0% lo hicieron porque sus ingresos disminuyeron, el 28,3% por quiebra de sus negocios y el 9,6% por pérdida del trabajo.

18. Cuando las personas entrevistadas se enteraron que estaban con un proceso judicial, el 74,8% de ellas, acudieron a un profesional especializado, mientras que el 25,2% no acudieron para solucionar dicho problema. Del grupo de personas que no acudieron a los servicios de un profesional especializado, el 46,7% fue por exceso de confianza.

19. Los resultados de la encuesta revelan que el 54,2% de los afectados, denunciaron al prestamista ante la Fiscalía o Delegación Policial. Del total de personas cuyas denuncias fueron amparadas por la Fiscalía, el 57,4% manifestaron que el Juez abrió proceso penal por usura contra el prestamista. Entre los casos a los que se abrió proceso penal, el 82,8% declararon que este proceso tiene una duración de más de un año. Con respecto a las denuncias que no fueron amparadas por la Fiscalía, el 46,2% manifestaron que no tuvieron este amparo por negligencia en la investigación policial y el 21,2% por falta de pruebas, entre las principales causas.

20. Cuando el bien dado en garantía, tiene una nueva valorización y se remata judicialmente, el 29,0% de los afectados, señalaron que este bien fue adjudicado a una persona vinculada al prestamista, el 26,3% indicaron que el bien fue asignado al propio prestamista y un 7,0% fue a un tercero, ajeno al juicio.

OPINION DEL AGRAVIADO

21. Al preguntarle al agraviado, sobre su opinión por el desempeño de las instituciones públicas que intervinieron en los casos de denuncia contra los prestamistas, en su mayoría manifestaron no tener confianza en tales instituciones.

22. Con relación a la opinión de los entrevistados, sobre la confianza en la investigación policial, más de la mitad de la población agraviada, es decir, el 58,1% manifestaron que no tenían confianza, el 19,2% opinaron poca confianza, el 12,5% dijeron que tenían regular confianza y sólo el 10,2% señalaron tener mucha confianza en la investigación desarrollada por la policía en contra del prestamista.

23. En cuanto a la opinión de los afectados sobre la confianza en el Ministerio Público, la mitad de la población entrevistada respondieron que no tenían ninguna confianza en el proceso realizado contra el prestamista, el 19,2% expresaron poca confianza, el 18.4% regular confianza y el 12.4% manifestaron que tenían mucha confianza.

24. Con respecto al nivel de confianza que tienen los agraviados en el Poder Judicial, el 63,9% de ellos, declararon que no tienen confianza alguna en la actuación de esta institución cuando se trata de un proceso contra el prestamista, el 18,4% manifestó poca confianza, el 11,4% regular confianza y el 6,3% señalaron mucha confianza en dicha institución.

25. También se les preguntó a los afectados por la usura, sobre su opinión con respecto al grado de coordinación existente entre los prestamistas, notarios públicos y abogados. La encuesta muestra que el 82,8% de los prestatarios manifestaron que existe "bastante" coordinación entre los prestamistas y notarios públicos, el 7,0% opinaron que ambos mantienen una "regular" coordinación, sólo el 0,7% expresaron "poca" coordinación, el 4,2% dijeron "muy poca" y el 5,3% señalaron que entre prestamistas y notarios no existe coordinación alguna.

26. La encuesta también recogió la opinión de los agraviados respecto al grado de coordinación que existe entre los prestamistas y abogados. El 84,5% de los afectados, expresaron que la coordinación entre prestamistas y abogados es "bastante", el 10,3% dijeron que la coordinación es "regular", el 1,4% opinaron que es "poca" la coordinación entre ambos, el 2,4% señalaron "muy poca" y el 1,4% hizo referencia que entre los prestamistas y abogados no existe ningún tipo de coordinación.

27. Finalmente, el hecho de acudir a un prestamista, teniendo que pagar un monto adicional a lo recibido, que es la tasa de interés mensual, suscita cierta inestabilidad económica, social, emotiva, etc, en la familia del prestatario. En la encuesta, se consideró una pregunta que permitió recoger la percepción de los agraviados acerca del grado de afectación en sus familiares. El 98,4% de los entrevistados, expresaron que este hecho afectó mucho en la familia.