ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
    ³   3.1  LA MEDICION DE LA POBREZA SEGUN EL METODO DE INGRESO:  ³
    ³                   NOTAS PARA DISCUSION                        ³
    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  
                          Juan Carlos Feres
        Comisi¢n Econ¢mica para Am‚rica Latina y el Caribe (CEPAL)
                          Santiago, Chile

     
    I. INTRODUCCION

    En Am‚rica Latina se utilizan preferentemente  dos  aproximaciones
    metodol¢gicas para la medici¢n y caracterizaci¢n de la pobreza: el
    llamado  ®m‚todo  del ingreso¯ o de las ®l¡neas de pobreza¯ (LP) y
    el m‚todo directo de los indicadores sociales, cuya modalidad  m s
    difundida  en  los £ltimos a¤os han sido los denominados ®mapas de
    necesidades b sicas insatisfechas¯ (NBI).

    Como se sabe, ambos  m‚todos  responden  a  enfoques  conceptuales
    diferentes,  al  punto  que  ®no  constituyen, en realidad, formas
    alternativas de medir la misma  cosa,  sino  que  representan  dos
    concepciones distintas de la pobreza¯ (Sen, 1981). Estos se basan,
    en  un  caso,  en  la  noci¢n  de  capacidad  para  satisfacer las
    necesidades esenciales y, en el otro -el m‚todo  directo-,  en  la
    observaci¢n  del  consumo  real  de  las  personas  con relaci¢n a
    determinadas convenciones sobre necesidades m¡nimas. Sin  embargo,
    los  dos  revisten gran inter‚s y contribuyen significativamente a
    las tareas de diagn¢stico de la pobreza.

    La fuente principal de informaci¢n de los mapas  de  NBI  son  los
    censos  de poblaci¢n y vivienda, en tanto que las estimaciones por
    LP se elaboran sobre la base de las encuestas  de  hogares.  A  su
    vez,  cada  uno  de  ellos  cuenta  naturalmente  con  un  esquema
    metodol¢gico  y  una  cierta  matriz  operacional. No obstante, su
    aplicaci¢n concreta suele discurrir por variantes que  no  siempre
    se  explican  del todo, por las consabidas limitaciones en materia
    de informaci¢n.  Esto  lleva  a  que  con  alguna  frecuencia  los
    resultados  que  arrojan  diversos  estudios, que utilizan aparen-
    temente el mismo m‚todo y las mismas fuentes de datos, en especial
    aquellos  realizados  con  el  enfoque  de  la  LP, difieran en la
    magnitud de la pobreza estimada (a veces en medida  considerable),
    como  tambi‚n  en  cuanto a las caracter¡sticas de los hogares que
    son clasificados como pobres, con  el  evidente  desconcierto  que
    ello  provoca entre los analistas y la opini¢n p£blica en general.
    Tales discrepancias inciden en  la  credibilidad  y  confiabilidad
    t‚cnica  de  estas  mediciones, ponen en cuesti¢n las evaluaciones
    que se realizan del nivel y evoluci¢n de la pobreza, y  dificultan
    las comparaciones internacionales.

    Los  esfuerzos  por  superar  este problema pasan, obviamente, por
    cuidar en cada investigaci¢n la transparencia  y  acuciosidad  con
    que se explicitan los conceptos, criterios y supuestos utilizados,
    as¡  como  las  fuentes  de  informaci¢n y el tratamiento a que se
    someten los datos, de manera de hacer posible un riguroso examen e
    interpretaci¢n de sus resultados.

    Pero  ello  no  basta. Se requiere, al mismo tiempo, generar entre
    los investigadores un mayor consenso en cuanto a los  procedimien-
    tos  que  se  aplican  en  las  diferentes  etapas  del proceso de
    estimaci¢n, a fin de encaminarse hacia un padr¢n  com£n  capaz  de
    elevar  la  consistencia   y  homogeneidad  de  las  mediciones  y
    garantizar  una  efectiva comparabilidad de las mismas. Lo cual se
    complementa, desde luego, con la necesidad de seguir profundizando
    en   lo   que   respecta  a  la  verdadera  utilidad,  alcances  y
    limitaciones de la informaci¢n que surge de la aplicaci¢n de estos
    m‚todos, en funci¢n de los requerimientos para el  an lisis  y  la
    toma de decisiones en el campo social (vg. diagn¢stico, definici¢n
    de grupos focales y dise¤o, seguimiento y evaluaci¢n de impacto de
    las  pol¡ticas  y  programas  orientados  a  la  superaci¢n  de la
    pobreza). Aunque esto forma parte de un debate ya  tradicional  en
    Am‚rica  Latina y bastante se ha avanzado al respecto, creemos que
    es posible ampliar todav¡a m s el  espacio  de  operacionalizaci¢n
    com£n  de  conceptos  y m‚todos; esto, sin perjuicio de que por su
    naturaleza y complejidad haya que admitir siempre un cierto  grado
    de diversidad en esta materia, e incluso se estime aconsejable que
    as¡ sea.

    En esta nota se rese¤an y discuten brevemente algunos aspectos del
    m‚todo de LP, de car cter exclusivamente metodol¢gico, que inciden
    en la identificaci¢n de los hogares pobres y en el c lculo  de  la
    extensi¢n de la pobreza, y que pueden ser £tiles a este prop¢sito.
    Su  relevancia  ya  ha  sido  puesta  de  manifiesto  en  la vasta
    literatura que sobre el particular se ha generado en la regi¢n  en
    los  £ltimos  a¤os,  por  lo  que  debieran  merecer  una especial
    consideraci¢n en las investigaciones futuras sobre el tema.


    II. REFERENCIAS AL METODO DEL INGRESO

    Centraremos  los  comentarios  en  torno  a  siete  elementos: las
    diferencias que se establecen en el costo de la canasta b sica  de
    alimentos;  el  procedimiento  de  c lculo  del   valor   de   los
    satisfactores  no  alimentarios; el uso de medidas de equivalencia
    para los hogares de diferente tama¤o y composici¢n; la  evaluaci¢n
    de  confiabilidad  de  la  medici¢n  del  ingreso  corriente;  los
    problemas  asociados  a la ampliaci¢n de la cobertura del concepto
    de  ingreso;  las  medidas  de  pobreza,  y,  finalmente,  algunos
    alcances  sobre  las fuentes de informaci¢n que se emplean en este
    tipo de estudios.

    Por  lo  tanto,  no  se  abordan en esta oportunidad los elementos
    relativos a la dimensi¢n propiamente  conceptual  del  m‚todo  del
    ingreso,  lo  que  no  implica  desconocer que ‚sta representa una
    materia de  la  mayor  importancia  y  que,  en  ocasiones,  puede
    constituir  una  fuerte  condicionante de las opciones en el plano
    metodol¢gico.

    1. Canasta b sica de alimentos (CBA)

    Aun   aplicando  la  misma  metodolog¡a  para  la  construcci¢n  y
    valoraci¢n de la canasta b sica de alimentos, es habitual  que  se
    establezcan  costos  distintos  de CBA, debido a diferencias en la
    informaci¢n y en los criterios y procedimientos que  se  utilizan.
    Esto  lleva a considerar que en los estudios de pobreza se trabaje
    m s bien con un intervalo de valores y no con un valor £nico.

    La  determinaci¢n del valor de la CBA, representativo del costo de
    satisfacci¢n de las necesidades  b sicas  de  alimentaci¢n  en  un
    momento y lugar determinados, comporta un proceso de varias etapas
    que demanda el uso de gran cantidad  de  informaci¢n.  En  Am‚rica
    Latina  esto  se  ha  asumido principalmente en el marco de lo que
    podr¡a se¤alarse como los lineamientos de la CEPAL: definici¢n  de
    canastas  cuyo  nivel  y  composici¢n  satisfagan  las necesidades
    nutricionales y reflejen los h bitos de consumo prevalecientes  en
    la  sociedad  (ajuste  a  las  preferencias  del  consumidor),  en
    concordancia con la oferta interna de productos alimentarios y sus
    precios relativos Para su valoraci¢n se utilizan,  en  tanto,  los
    precios  de  cada art¡culo recolectados para el c lculo del ¡ndice
    de precios al consumidor (IPC) (CEPAL, 1991).

    Pese a que en la regi¢n esta metodolog¡a goza  de  una  aplicaci¢n
    relativamente  generalizada,  y  que la misma detalla los procedi-
    mientos que ordenan las diferentes fases de  la  estimaci¢n,  cada
    ejercicio  concreto  se  enfrenta  a situaciones particulares, por
    insuficiencias de la informaci¢n  u  otras  razones,  que  inciden
    finalmente  en el costo de la canasta b sica de alimentos. De modo
    que resulta casi inevitable arribar a valores diferentes, no  s¢lo
    entre  distintos  investigadores sino incluso en el contexto de un
    mismo estudio, en correspondencia con los caminos alternativos que
    se  sigan  en  cuanto  a criterios, supuestos y tratamiento de los
    datos de base. A su vez, valores distintos de  la  CBA,  conocidos
    tambi‚n  como  l¡neas  de indigencia (LI) o de pobreza extrema, se
    traducen directamente en diferencias en la extensi¢n de la pobreza
    estimada.

    El  problema  es  todav¡a  m s  agudo  en aquellos casos en que la
    informaci¢n  con  que  se  cuenta  es  manifiestamente   d‚bil   o
    incompleta,  como  suele ocurrir en algunas  reas urbanas y en las
     reas rurales de nuestros pa¡ses, lo  que  obliga  a  conducir  el
    an lisis apoyado en meras hip¢tesis o apreciaciones conjeturales.

    Ahora bien, no obstante estar conscientes de ello, por lo  general
    tendemos  a trabajar, impl¡cita o expl¡citamente, bajo el supuesto
    de que el costo de la CBA representa un  valor  puntual,  de  alta
    precisi¢n.  Y  lo  mismo hacemos luego, por ende, con el valor del
    ¡ndice de pobreza.

    En  atenci¢n a esta variabilidad (1),  pareciera   m s   razonable
    establecer  este  costo  en funci¢n de un intervalo y no adoptarlo
    necesariamente como un valor espec¡fico.  La  contrapartida  obvia
    es  que  esto  dificulta  un  tanto  los  an lisis respecto de los
    cambios que experimenta la pobreza en el tiempo, sobre todo cuando
    son de magnitud m s bien peque¤a, pero el beneficio es  una  mayor
    coherencia  con  el  grado  de  exactitud con que efectivamente se
    obtienen  estas  estimaciones.   Puesto  as¡,  el  problema  ser¡a
    entonces c¢mo determinar la amplitud del citado intervalo.

    La  tarea  es,  sin  duda, eminentemente emp¡rica. Dejando de lado
    los aspectos netamente estad¡sticos, los  m¡nimos  y  m ximos  del
    intervalo  debieran ser la resultante de la sensibilidad del costo
    de la CBA a valores alternativos -dentro de rangos razonables-  de
    ciertos  par metros  relevantes  que intervienen en su estimaci¢n.
    Entre esos factores de mayor incidencia  cabe  mencionar  aquellos
    que  guardan  relaci¢n con los requerimientos nutricionales de los
    diferentes grupos seg£n  sexo,  edad  y  actividad,  dado  que  la
    canasta  se ajusta a las necesidades promedios de la poblaci¢n; la
    estructura de consumo impl¡cita en la CBA y la cantidad f¡sica  de
    cada producto que la compone, y los precios a los cuales se valora
    dicha canasta.

    Entre  otros, es posible identificar -en el primer caso- elementos
    tales como la talla, y por consiguiente el peso, de  las  personas
    adultas,  necesarios  para calcular la" tasa de metabolismo basal"
    (energ¡a) o el requerimiento prote¡nico; la  distribuci¢n  horaria
    dedicada  a  las  diferentes  actividades  predominantes (ligeras,
    moderadas y pesadas), especialmente entre la poblaci¢n  adulta,  y
    los  gastos  energ‚ticos brutos correspondientes a cada actividad.
    En el segundo, sobre la estructura de consumo, est n los  aspectos
    relativos  a la selecci¢n del grupo de referencia para evaluar los
    h bitos de la poblaci¢n; el tratamiento  del  consumo  ®fuera  del
    hogar¯  (modalidad  de   adquisici¢n  de  los  alimentos),  y  los
    supuestos relativos a la  evoluci¢n  de  los  patrones  de  gasto,
    cuando  no  se dispone de encuestas recientes sobre el particular.
    Y, por £ltimo, respecto de los precios, la selecci¢n  de  aquellos
    que  se  estimen pertinentes para valorar la CBA (medios, m¡nimos,
    los  que  pagan  los  sectores  pobres,  etc.);  diferencias entre
    regiones o  reas, a  falta  de  informaci¢n  detallada,  e  ¡ndice
    v lido  para  la  actualizaci¢n  del  valor  de la canasta (IPC de
    alimentos, IPC de los pobres, o precios por producto).

    Diversos estudios de la CEPAL y de otros autores (2) han  simulado
    el efecto de algunos de estos factores. Por ejemplo, hay  an lisis
    de sensibilidad de las necesidades promedios de energ¡a de toda la
    poblaci¢n ante variaciones en sus  elementos  determinantes.  As¡,
    cambios  en  la  talla de la poblaci¢n adulta de m s o menos 2 cm,
    inciden en variaciones -positivas o negativas- de las  necesidades
    cal¢ricas que llegan a lo sumo a 22 Kcal/d¡a por persona (menos de
    1%  del  requerimiento total). Distintas hip¢tesis sobre distribu-
    ci¢n  horaria  dedicada a las diferentes actividades predominantes
    afectan, por su parte, en no m s de 26 Kcal/d¡a por persona. Y  el
    impacto  de  diferentes  valores  de los gastos energ‚ticos brutos
    correspondientes a cada actividad se mueve entre -1.2% y +0.7%(3).
    Del mismo modo, en ciertos pa¡ses y en determinados per¡odos,  las
    diferencias en el costo de la CBA derivadas de utilizar uno u otro
    ¡ndice de precios para actualizar su valor, han resultado  m¡nimas
    o de poca significaci¢n.

    No  obstante,  la  evidencia  de que se dispone es a£n muy insufi-
    ciente y no siempre aporta  resultados  concluyentes.  Adem s,  se
    requieren  esfuerzos  adicionales para alcanzar un cierto grado de
    formalizaci¢n, que permita establecer algo as¡ como el efecto neto
    del conjunto de factores que inciden en la variabilidad del  valor
    de la canasta b sica de alimentos.  Esta es, por tanto, una de las
     reas en que se debe seguir trabajando.

    2. Gastos no alimentarios

    La estructura del gasto var¡a, entre otros  factores,  en  funci¢n
    del tama¤o y la composici¢n del hogar y de las etapas del ciclo de
    vida familiar.  De  modo  que,  m s  que  aplicar  un  coeficiente
    (promedio)  de  gasto  en  bienes  no  alimentarios para todos los
    hogares de un grupo pertinente de ingresos, debiera tenderse hacia
    ®un juego de coeficientes¯. Asimismo,  cuando  no  se  dispone  de
    datos  recientes  sobre  la  distribuci¢n del gasto, dichos coefi-
    cientes debieran actualizarse al menos de acuerdo a  la  evoluci¢n
    de los precios relativos entre los alimentos y los dem s productos
    de consumo.

    En el marco del m‚todo de LP, la manera habitual de determinar  el
    costo  de  satisfacci¢n  de  las necesidades no alimentarias es de
    tipo normativo.  Se basa en la relaci¢n observada entre los gastos
    en  alimentaci¢n  y  los gastos totales de consumo (coeficiente de
    Engel) en los distintos  estratos  de  hogares,  especialmente  en
    aquellos que pertenecen al denominado grupo de referencia (hogares
    cuyo  gasto  en  alimentos  es ligeramente superior al presupuesto
    b sico establecido) (4).

    Al  respecto  se  han  destacado  a  lo  menos  dos  implicaciones
    conceptuales. En primer lugar, que  lo  anterior  supone  que  los
    hogares   que  logran  cubrir  adecuadamente  sus  necesidades  de
    alimentaci¢n, satisfacen al mismo tiempo los est ndares m¡nimos de
    las otras necesidades b sicas (5). En segundo lugar, que el  hecho
    de  que el dato registrado en las encuestas corresponda exclusiva-
    mente al gasto en consumo privado implica  que  una  parte  de  la
    satisfacci¢n  de las necesidades b sicas no queda reflejada en esa
    pauta de consumo, en la medida que los hogares acceden a bienes  y
    servicios  subsidiados  total o parcialmente por el Estado (CEPAL,
    1990) (6).

    Sin  embargo,  lo que queremos resaltar ac  es un asunto distinto.
    Admitido el coeficiente de Engel como norma a partir  de  la  cual
    se  establece el costo de los satisfactores no alimentarios, surge
    el problema de las diferencias en el  valor  de  este  coeficiente
    entre  los  distintos tipos de hogares de un estrato de referencia
    (7).  Diferencias  que tienen que ver principalmente con el tama¤o
    y la composici¢n del hogar, y con las etapas del ciclo de vida por
    las que ‚ste atraviesa.

    Un ejemplo de ello lo encontramos en los resultados  del  an lisis
    efectuado  por  Feres  y  Le¢n (1987), a partir de los datos de la
    encuesta de ingresos  y  gastos  de  Colombia  de  1984-1985,  que
    ilustran  acerca  de  las diferencias que existen en la estructura
    del gasto no alimentario, en sus principales rubros, entre hogares
    de similar nivel de ingreso pero  de  distinta  composici¢n.  As¡,
    para  el  conjunto  de  hogares  de  Bogot ,  Cali  y Medell¡n que
    conformaban el 2§. cuartil de  gasto  per  c pita,  se  observaron
    diferencias  en  la  proporci¢n  del gasto destinado a transporte,
    educaci¢n, salud y vivienda. Respecto de  este  £ltimo  ¡tem,  los
    hogares constituidos por parejas j¢venes, sin hijos, destinaban en
    promedio cerca de un 20% del gasto a vivienda, en tanto que en los
    hogares  de  parejas  de mayor edad con dos hijos dicho porcentaje
    era de un 15%.  Las diferencias que se observaron en la proporci¢n
    del gasto en alimentaci¢n fueron a£n mayores.

    De modo que el hecho de que el costo de atender las necesidades no
    alimentarias  var¡e  a  lo  largo  de las etapas del ciclo de vida
    familiar, seg£n el tama¤o y la composici¢n del hogar, as¡ como  en
    funci¢n  de  otros  factores  tales como la cuant¡a del patrimonio
    acumulado y el grado de acceso a servicios  p£blicos,  amerita  un
    cierto  an lisis  pormenorizado  de  estos cap¡tulos del gasto, el
    cual  podr¡a  derivar  -al  igual  que  para  la  alimentaci¢n- en
    eventuales   coeficientes  espec¡ficos  para  distintos  tipos  de
    hogares.

    Sin  embargo,  este  es  un  aspecto  que debiera tambi‚n tener su
    expresi¢n  en  el   mbito  de  las denominadas ®escalas de equiva-
    lencias¯ que se analizan en el punto siguiente, y a lo mejor  es a
    trav‚s  de  ellas que debieran recogerse completamente los efectos
    relativos a las diferencias de composici¢n y de las  econom¡as  de
    escala  de  los  hogares, impl¡citas en el perfil de sus gastos de
    consumo. Por otra parte, en virtud de la baja periodicidad con que
    se realizan las encuestas de presupuestos familiares, es necesario
    contar con alg£n criterio que permita ®actualizar¯  la  estructura
    de  gastos  de los hogares. En ausencia de otra informaci¢n, y sin
    recurrir a sofisticados c lculos de elasticidad,  una  v¡a  dispo-
    nible  parece  ser  el  tomar en consideraci¢n la evoluci¢n de los
    precios de los diferentes cap¡tulos del gasto y ponderar,  en cada
    momento,  el  coeficiente original por la diferencial de cambio en
    los precios relativos. La experiencia de los £ltimos  a¤os  en  la
    mayor¡a  de  los  pa¡ses de la regi¢n en cuanto, por ejemplo, a la
    disparidad con que se han modificado los  precios  de  los  bienes
    transables  y  no  transables,  o  las  tarifas  de  los servicios
    p£blicos versus precios de los alimentos, justifican con creces un
    procedimiento de este tipo.

    Un asunto distinto (y que no veremos ac ) es, por cierto, el  c¢mo
    determinar  los  coeficientes de gasto en alimentaci¢n en aquellas
     reas de las cuales no se  tiene  ninguna  clase  de  informaci¢n,
    situaci¢n  en  que se encuentra gran parte de las zonas rurales de
    Am‚rica Latina.

    3. Medidas de equivalencia

    El  uso  de  valores  expresados  per  c pita  es  necesario, pero
    claramente insuficiente. Las  importantes  diferencias  entre  los
    hogares en determinados atributos claves, hace aconsejable evaluar
    sus  necesidades  y  sus  recursos en unidades de equivalencia. No
    obstante,  se  est   lejos  de  disponer de buenas medidas en este
    sentido.

    En  los  estudios  de pobreza se utilizan normalmente las unidades
    per c pita para expresar tanto los valores de las l¡neas como  los
    recursos  de  que dispone el hogar para satisfacer sus necesidades
    b sicas. Con ello se da cuenta  del  hecho  de  que  el  nivel  de
    bienestar  depende  estrechamente  del  n£mero  de  miembros de la
    familia. Sin embargo, como ya  se  dijo,  en  rigor  la  l¡nea  de
    pobreza  -o  el ingreso- debiera reconocer adem s las econom¡as de
    escala asociadas a diferentes tama¤os de hogar, los efectos de  la
    particular  composici¢n  de  sus  integrantes  (sexo,  edad u otra
    caracter¡stica relevante), as¡ como la estructura de  consumo  que
    acompa¤a  a  las  distintas  fases  o  etapas  del  ciclo  de vida
    familiar. El conjunto de estos elementos es  lo  que  tendr¡a  que
    resumirse  en  las denominadas ®escalas de equivalencia¯ entre los
    hogares (8).

    La  utilizaci¢n  o  no  de  este  tipo  de escalas en los diversos
    estudios redunda en discrepancias en sus resultados,  no  s¢lo  en
    cuanto a la extensi¢n de la pobreza sino, especialmente, en lo que
    respecta a la identificaci¢n de los hogares pobres.  Como ejemplo,
    baste  se¤alar  que muchos hogares de ingresos medios pero de gran
    tama¤o (y por ende con fuerte presencia de ni¤os), podr¡an cambiar
    su clasificaci¢n de pobres a no pobres si se tomara en cuenta  las
    equivalencias que les son aplicables.

    Con  todo,  debe  reconocerse  que  estas escalas son dif¡ciles de
    obtener y, aun cuando existen  algunas  propuestas  concretas,  se
    considera  que  hasta  ahora son muy parciales e imperfectas. Tres
    son los m‚todos principales que se utilizan para obtenerlas:

    a)   Encuestas  de  valoraci¢n  de  las  necesidades  individuales
         (introduce elementos subjetivos);
    b)   Investigaci¢n emp¡rica del comportamiento del  gasto  de  los
         hogares  (usando   alg£n  indicador  de  bienestar,  como  el
         coeficiente  de  Engel,  para  hogares  de diferente tama¤o y
         composici¢n), y
    c)   Estudios de base nutricional (y psicol¢gica).

    Naturalmente,  los distintos m‚todos conducen a resultados tambi‚n
    distintos.

    Para  ilustrar  la  gran  disparidad  que se puede producir a este
    respecto, a continuaci¢n se presentan cuatro  escalas  actualmente
    en uso en diferentes pa¡ses:

      Escala de Amsterdam (usada en los estudios de gastos de consumo
       en el Reino Unido):

                                  Hombre      Mujer

       18 a¤os y m s              1.00        0.90
       14 - 17 a¤os               0.98        0.90
       < 14 a¤os                  0.52        0.52

                                  OECD 1/     OECD
                                  modificada 2/

       Primer adulto              1.0     1.0
       Persona adicional > 14     0.7     0.5
       Persona adicional < 14     0.5     0.3

       1/ Arbitraria, pero m s realista que el per c pita.
       2/ Compromiso entre la de la Organizaci¢n de Cooperaci¢n y
          Desarrollo Econ¢micos (OECD) y la escala subjetiva.

      Escala subjetiva:

       Primer adulto            1.000
       Segunda persona          0.232
       Tercera persona          0.159
       Cuarta persona           0.126
       Quinta persona           0.105
       Sexta persona            0.091

    Como se advierte, unas y otras pueden llegar a ser muy diferentes,
    al  punto  de  alterar  significativamente  los  resultados que se
    obtengan en un estudio de  pobreza.  De  modo  que  tampoco  basta
    aplicar  una  escala  (frente  a  no  hacerlo),  sino  que  es muy
    importante conocerla espec¡ficamente, y evaluar sus antecedentes y
    razonabilidad.

    Un  criterio  utilizado en Am‚rica Latina para elaborar escalas de
    equivalencia pero v lido tan solo a nivel del consumo alimentario,
    es  aquel  que  se  deriva  de las necesidades energ‚ticas de cada
    individuo (CEPAL, 1991). Con su aplicaci¢n  es  posible  tomar  en
    cuenta las necesidades diferentes de alimentaci¢n de los distintos
    miembros del hogar, pero no incorpora expl¡citamente las  posibles
    econom¡as  de  escala en el consumo de alimentos. Con mayor raz¢n,
    no se puede considerar este criterio  como  base  suficiente  para
    extrapolarlo  al  conjunto  de  los  gastos  de  consumo. De todas
    maneras,   su   utilidad  es  indudable  en  el  ¡tem  de  consumo
    alimentario, por lo que en el  cuadro  siguiente  se  presenta  un
    ejemplo  de este tipo de escala, a partir de los requerimientos de
    una  persona  de  31  a  60  a¤os de edad, de sexo masculino y con
    actividad moderada.

      Escala a base de las necesidades energ‚ticas (Per£)

       Categor¡as sociodemogr ficas         Hombres    Mujeres

       Menores de 1 a¤o                     0.274       0.253
       1 a 3 a¤os                           0.502       0.469
       4 a 6 a¤os                           0.651       0.587
       7 a 9 a¤os                           0.748       0.660
       10 a 13 a¤os                         0.825       0.728
       14 a 17 a¤os                         0.990       0.774
       18 a 30 a¤os
          Actividad ligera                  0.883       0.701
          Actividad moderada                0.994       0.722
          Actividad pesada                  1.143       0.761
       31 a 60 a¤os
          Actividad ligera                  0.888       0.725
          Actividad moderada                1.000       0.747
          Actividad pesada                  1.150       0.787
       Mayores de 60 a¤os
          Actividad ligera                  0.729       0.659
          Actividad moderada                0.821       0.679
          Actividad pesada                  0.944       0.715

       Fuente: CEPAL, 1988.

    En  consecuencia,  pese  a  reconocer  la  imperiosa  necesidad de
    incorporar este elemento en la  metodolog¡a  de  los  estudios  de
    pobreza,  es  poco  a£n  lo  que  se puede proponer s¢lidamente al
    respecto. Constituye, por lo tanto, otro tema que  debiera  formar
    parte  de la agenda de investigaci¢n metodol¢gica en este campo de
    los pa¡ses de la regi¢n.

    4. Confiabilidad de la medici¢n del ingreso

    Evaluar  la  calidad de las mediciones de ingreso de las encuestas
    de hogares es una tarea central en las estimaciones de pobreza por
    LP. Junto con avanzar hacia una mayor cobertura y precisi¢n de los
    datos  primarios,  es  posible  mejorar a£n m s los procedimientos
    para la correcci¢n y ajuste de esos ingresos.

    Entre  los  m£ltiples  aspectos  que  investigan  las encuestas de
    hogares, no cabe duda que uno de los m s controversiales es el  de
    la  calidad  de  las  mediciones  de  las  distintas corrientes de
    ingresos que reciben las personas y las familias. Existe un amplio
    consenso  en  que ellas adolecen de sesgos generalmente subestima-
    tivos, aun cuando tal consenso no siempre se extienda a la  manera
    en  que  ellos se determinan y a la magnitud de los mismos. En los
    estudios de pobreza, que representan  un  corte  normativo  en  la
    distribuci¢n  del  ingreso, es imprescindible hacer un intento por
    evaluar  estos  sesgos  y  corregirlos.  De lo contrario, ellos se
    reflejan autom ticamente en la extensi¢n de la pobreza estimada.

    Pese a que las encuestas m s frecuentemente utilizadas para  estos
    fines  forman  parte  -en  casi  todos  los pa¡ses- de un programa
    regular y de ejecuci¢n permanente, con sus contenidos  y  procesos
    altamente estandarizados,  no  hay  antecedentes  suficientes  que
    avalen  la tesis de una relativa estabilidad de estos sesgos en la
    sucesivas rondas de la encuesta (9). Por el contrario,  en  muchos
    casos  la  evidencia que se ha podido generar tiende a contradecir
    -y a veces abiertamente- la idea de un posible "congelamiento"  de
    tales sesgos. No queda otra alternativa, por tanto, que evaluar en
    cada  encuesta  la  confiabilidad  de  la  medici¢n  del ingreso y
    procurar la correcci¢n de los m rgenes de subestimaci¢n.
 
    Los  sesgos pueden ser de distinto tipo. Algunos se relacionan con
    el  c racter  muestral  de  la  investigaci¢n  (insufiencia o mala
    calidad del marco  muestral,  problemas  de  cobertura,  rechazos,
    variabilidad estad¡stica, etc.), en tanto que otros se derivan m s
    bien de determinadas contingencias de errores ajenos  al  muestreo
    (Altamir,  1975). Los primeros se suponen manejados en el marco de
    cada encuesta, y son generalmente evaluados por el responsable  de
    la  misma; los segundos, en cambio, constituyen sobre todo errores
    de respuesta que suelen ser m s dif¡ciles de detectar, no  siempre
    son  completamente imputables al responder y su correcci¢n resulta
    compleja. Adem s, estos £ltimos representan  usualmente  la  mayor
    proporci¢n dentro del error total de estimaci¢n.

    Para nuestros prop¢sitos interesan especialmente los problemas  de
    no  respuesta,  de  cobertura  incompleta  del concepto de ingreso
    investigado, y de subdeclaraci¢n.

    La falta de respuesta a determinadas preguntas  de  ingreso  puede
    llegar   a  ser  significativa  en  una  encuesta,  al  punto  que
    distorcione los resultados y abulte artificialmente los ¡ndices de
    pobreza  (y  particularmente  los de indigencia) 10. Es necesario,
    por ende, efectuar las imputaciones correspondientes, de acuerdo a
    los  atributos  de cada receptor que no declar¢. Esto es perfecta-
    mente posible en la mayor¡a de los  casos  y  la  propia  encuesta
    aporta  informaci¢n  para  ello, utilizando como base los ingresos
    reportados por las personas u hogares de similares caracter¡sticas
    (11).

    Un  criterio alternativo es obviamente excluir de la muestra, para
    todo lo relacionado con las variables de ingreso, a  aquellos  que
    no  reportan  su  valor. Si lo anterior se acompa¤a de los ajustes
    muestrales pertinentes (reemplazos o cambios en  los  factores  de
    expansi¢n)  no  hay  problema;  pero,  de no ser as¡, alterar¡a la
    representatividad de la encuesta, o bien obligar¡a a ampararse  en
    el  supuesto  de  que  las  personas que se excluyen de la muestra
    tienen   la  misma  distribuci¢n  y  caracter¡sticas  de  las  que
    permanecen en ella, lo que constituye un supuesto  fuerte  que  al
    menos  requiere  del respaldo de investigaciones de campo, que por
    lo general no se realizan en Am‚rica Latina.

    Completar  el  concepto  de  ingreso investigado en las encuestas,
    para compatibilizarlo  con  el  ingreso  corriente  total  de  los
    hogares,  tambi‚n  opera  por  el mecanismo de la imputaci¢n. Pero
    este caso es distinto al anterior; no s¢lo se requiere identificar
    a   los   probables  perceptores  de  cada  clase  de  ingreso  no
    investigado, sino adem s generar una estimaci¢n del monto global o
    promedio de esos ingresos a partir de datos de una fuente  ex¢gena
    a  la encuesta que, como se ver , est  constituida por las cuentas
    nacionales. Asimismo, se debe contar  con  algunos  criterios  que
    permitan  distribuir  esos  ingresos  entre los perceptores. En la
    pr ctica, lo que  se  verifica  es  que  a  veces  se  dispone  de
    informaci¢n en la encuesta como para identificar a esos receptores
    y  distribuir  los  ingresos,  y  otras  s¢lo es posible hacer una
    asignaci¢n gruesa y muy  conjetural.  Sin  embargo,  aun  en  esta
    situaci¢n  es  claramente  preferible  realizar  las correcciones,
    minimizando as¡ el riesgo de sobreestimar los ¡ndices de pobreza.

    Por  su  parte,  el an lisis de confiabilidad de los ingresos y la
    evaluaci¢n de los  probables  sesgos  de  subdeclaraci¢n,  tambi‚n
    requieren  de  un patr¢n de referencia cuantitativo, independiente
    de la encuesta misma, que  provea  estimaciones  de  los  diversos
    tipos  de  ingreso de los receptores y sirva de punto de contraste
    sobre bases comparables. Este papel se le asigna normalmente a las
    cuentas nacionales.

    Hasta ahora la mayor¡a de los pa¡ses de Am‚rica Latina no  elabora
    regularmente  la  cuenta  de  ingresos y gastos de los hogares del
    sistema de cuentas nacionales (SCN), o no lo hace con el grado  de
    desagregaci¢n  deseado.  A  su  vez,  son  de  sobra conocidas las
    cr¡ticas que se formulan a la precisi¢n  y  confiabilidad  de  las
    propias  cuentas nacionales, lo que podr¡a poner en tela de juicio
    su  utilizaci¢n  como  marco  de  referencia   para   evaluar  las
    encuestas.  No  obstante,  es  indiscutible que se trata del £nico
    sistema  estad¡stico  que  ofrece una evaluaci¢n y conciliaci¢n en
    detalle de los datos provenientes  de  m£ltiples  fuentes,  en  el
    contexto   de  un  marco  conceptual  coherente  y  de  aplicaci¢n
    sistem tica.

    De all¡ que el punto sea m s bien c¢mo mejorar progresivamente  la
    disponibilidad, calidad, nivel de desagregaci¢n y rigor conceptual
    de  la  cuenta de los hogares, y no limitarse solamente a impugnar
    su validez. En esta l¡nea se podr¡an inscribir,  por  ejemplo, los
    esfuerzos  de  la  CEPAL  por incentivar a los pa¡ses a que asuman
    esta tarea, colaborando en el desarrollo  metodol¢gico  e  incluso
    aportando sus propias estimaciones.
     
    El  siguiente  paso es definir los criterios y procedimientos para
    llevar a cabo el ajuste de  los  ingresos  de  la  encuesta  (12).
    Partiendo  de  la  base  de que la magnitud de la subestimaci¢n de
    cada tipo de ingreso viene dada  por  su  diferencia  respecto  al
    monto  de  similar corriente registrado en las cuentas nacionales,
    un primer problema que enfrentar  es  el  de  la  conciliaci¢n  de
    conceptos  entre ambas fuentes. Como elementos relevantes, en este
    sentido, podr¡amos mencionar:

    a)  Remuneraciones de los empleados

        De  acuerdo  al  procedimiento,  las  encuestas investigan los
        ingresos del trabajo, y en particular  las  remuneraciones  de
        los  empleados, generalmente como ingreso l¡quido; vale decir,
        lo que efectivamente recibe el trabajador luego de  efectuados
        los  descuentos  legales.  Por  su  parte, en la cuenta de los
        hogares se consignan las remuneraciones brutas, de manera  que
        la  equivalencia  conceptual  con  la  medici¢n de la encuesta
        exige  deducir  de  estas  £ltimas  las  contribuciones  a  la
        seguridad   social  (remuneraciones  netas)  y  los  impuestos
        directos.

        Esto es posible en base a la informaci¢n sobre el valor de las
        contribuciones al sistema de seguridad social;  las  referidas
        al  r‚gimen  tradicional  (de reparto) se individualizan entre
        los gastos de los hogares, y las del r‚gimen de capitalizaci¢n
        individual (de existir) deben estimarse como partidas informa-
        tivas de la cuenta (13).

    b)  Excedente de explotaci¢n
     
        Se  debe  excluir  del  excedente  de  explotaci¢n  aquel  que
        corresponde  al  sector  de  propiedad  de vivienda (arriendos
        efectivos e imputados), el que a su vez debiera ser objeto  de
        un  tratamiento separado en lo que se refiere a su comparaci¢n
        con la encuesta.

        De  esta  forma, el excedente de explotaci¢n neto, excluido el
        del sector de propiedad de vivienda y deducidos los  impuestos
        directos,  se  asimila  al concepto de ingreso primario de los
        trabajadores  independientes,  cuya  medici¢n  es  la  que  se
        procura en las encuestas.

     c) Impuestos directos

        A las remuneraciones netas de los empleados registradas en  la
        cuenta  de  los  hogares  es necesario todav¡a descontarle los
        impuestos directos, a efectos de hacerlas congruentes  con  el
        concepto de remuneraciones l¡quidas presumiblemente captado en
        las  encuestas.  Asimismo,  debe hacerse lo propio respecto de
        las  ganancias,  debido  a  que  el  concepto contable tambi‚n
        incluye tales impuestos.

        Para ello se requiere desglosar los impuestos directos pagados
        por  los  hogares,  y  registrados  en la cuenta, de manera de
        asociarlos (enteramente) a cada una de  estas  dos  fuentes de
        ingreso.  Con  ese  prop¢sito  es  necesario  sistematizar  la
        informaci¢n   disponible   en   cada   oportunidad  sobre  los
        diferentes tipos de impuesto, a fin de estimar  el  respectivo
        valor  pagado  por  los  sueldos y salarios y, por diferencia,
        deducir el correspondiente a las ganancias.

    d)  Arriendos imputados y arriendos efectivos

        En  cada  uno  de los a¤os para los que se estime la cuenta de
        los hogares, se debe incluir un conjunto de partidas  informa-
        tivas.  Entre  ellas  cabe contemplar los alquileres imputados
        por el uso de la vivienda propia o cedida, y la identificaci¢n
        de aquella parte  del  excedente  de  explotaci¢n  del  sector
        propiedad de vivienda que corresponde a arriendos imputados.

        Estos datos permiten, naturalmente, disponer del valor de  los
        arriendos  imputados  y  adem s  calcular  el de los arriendos
        efectivos, y hacer los mencionados  ajustes  al  excedente  de
        explotaci¢n  para  hacer  compatible  su  comparaci¢n  con  el
        concepto   de  ganancia  de  los  trabajadores  independientes
        captado en las encuestas.

        i) Arriendos imputados

        Como  se desprende de lo anterior, entre estas partidas infor-
        mativas se debe incluir  tanto  la  producci¢n  bruta  de  los
        arriendos  imputados  como  su  correspondiente valor agregado
        (excedente de  explotaci¢n).  La  diferencia  entre  ambos  se
        explica  por  los  costos  de  producci¢n, que en este caso se
        relacionan   b sicamente  con  los  gastos  de   reparaciones,
        contribuciones de bienes ra¡ces, consumo de  capital  fijo,  y
        gastos comunes (14).

        Ahora bien, aun cuando trat ndose del ingreso  de  los hogares
        corresponder¡a  estrictamente  hacer  la  comparaci¢n  con los
        arriendos  imputados  de  la  encuesta seg£n el nivel de valor
        agregado, es razonable suponer que en la pr ctica los  hogares
        entrevistados  responden  en  funci¢n  de lo que ellos estiman
        podr¡a ser el valor de arriendo de su vivienda en el  caso  de
        que  ella  debiera  contratarse  en el mercado. De modo que el
        monto que reportan se aproxima m s al  concepto  de  valor  de
        producci¢n  que  de  valor  agregado,  debido  a  que es dable
        presumir que los hogares no descuentan ninguno de  los  ¡temes
        de  costo  se¤alados  anteriormente.  M s  a£n,  tampoco ser¡a
        posible   calcular   estos   costos  en  base  a  alguna  otra
        informaci¢n registrada en la encuesta.

        De  all¡  entonces  que,  para  esta  corriente  de ingreso no
        monetario, la comparaci¢n entre las magnitudes  del  marco  de
        referencia  y  las  de  la  encuesta se establezca normalmente
        seg£n el  valor total de los arriendos  imputados.  Esto,  sin
        perjuicio  de  que en el curso de esa comparaci¢n se presenten
        adem s  otros  problemas,  a los cuales haremos referencia m s
        adelante.

        ii)  Arriendos efectivos

        De  acuerdo a la informaci¢n disponible en las partidas infor-
        mativas,  ‚stos  se  obtienen  como  la  diferencia  entre  el
        excedente de explotaci¢n del sector propiedad  de  vivienda  y
        aquel que corresponde a los arriendos imputados.

        Cuando  en  las  encuestas  se  investiga  separadamente  esta
        corriente  de  ingreso,   queda  abierta  la   posibilidad  de
        contrastar directamente la medici¢n que de ella efect£an ambas
        fuentes de informaci¢n.

    e)  Prestaciones del nuevo sistema de seguridad social

        El  valor de las prestaciones que reciben los hogares de parte
        de los nuevos sistemas  de  seguridad  social  (capitalizaci¢n
        individual)  en  aquellos pa¡ses en que han sido implementados
        -incluido entre las  partidas  informativas-,  se  contabiliza
        conjuntamente  con  el  valor  de las prestaciones del r‚gimen
        antiguo de seguridad social que se registra en  la  cuenta  de
        los hogares. Esto responde a la necesidad de hacer equivalente
        el  concepto  del  marco de referencia con aquel efectivamente
        reportado en las encuestas.

        Cabe  se¤alar  que  el  hecho  de que las prestaciones de este
        r‚gimen no figuren entre los ingresos de la cuenta, obedece  a
        que  contablemente  los aportes al nuevo sistema se consideran
        como una transacci¢n financiera  (ahorro),  de  modo  que  las
        prestaciones  se  asimilan  a  un  retiro  de fondos propios o
        desahorro. No obstante, en el contexto de la evaluaci¢n de los
        recursos disponibles del hogar, y dada la modalidad que asumen
        normalmente estos retiros, parece m s l¢gico sujetarlos  a  la
        consideraci¢n de ingreso corriente.

        De cualquier manera, es del caso recordar que ‚ste es  uno  de
        los  tipos  de  ingreso  que  para  los  efectos del ajuste se
        contabiliza en t‚rminos netos, en la medida  que  las  cotiza-
        ciones  son simult neamente deducidas de las remuneraciones de
        los empleados.
 
        Un  tratamiento  algo  distinto  es  el  que  se  aplica a las
        transacciones con las instituciones privadas de  salud  previ-
        sional  -en  los  casos  en  que existen-, en la medida que se
        asimilan  a  las  compa¤¡as  de  seguros.   Contablemente  sus
        prestaciones  se  registran  en  el  rubro  de  ingreso de los
        hogares bajo el ¡tem de indemnizaci¢n del seguro  de  riesgos,
        al  tiempo  que  las cotizaciones de los empleados se incluyen
        como primas netas por seguro de riesgos y,  una  parte  menor,
        como  gasto  de  consumo  final, en virtud de que se considera
        pago por servicio (costo  administrativo  y  ganancia  de  las
        instituciones).  De  all¡  que,  en  funci¢n del ajuste de los
        ingresos de la encuesta, el valor de este tipo de prestaciones
        se  compute  tambi‚n en t‚rminos netos, dentro del conjunto de
        partidas que constituyen las transferencias corrientes.

    f)  Ajuste al concepto de ingreso disponible

        Un  punto  que puede suscitar debate es si los ingresos de los
        hogares medidos en la encuesta  debieran  compatibilizarse,  a
        nivel  global,  con  el  concepto de ingreso disponible de las
        cuentas   nacionales,  o  si  determinadas  partidas  debieran
        considerarse  estrictamente en t‚rminos de ingreso ®bruto¯. En
        otras palabras, si a algunas corrientes de ingreso registradas
        en la cuenta de los hogares debiera  descont rseles  o  no  su
        contrapartida  de  gasto  en  que  incurren los hogares por el
        mismo concepto.
     
        En  concreto,  esto  afectar¡a  a  corrientes  tales  como los
        ingresos  de  capital  en  efectivo  (rentas  de  la propiedad
        recibidas menos intereses y otras rentas pagadas), los seguros
        de  riesgos  (indemnizaciones  recibidas  menos  primas  netas
        pagadas)  y las transferencias corrientes (recibidas menos las
        efectuadas).

        Al  respecto,  en  los  trabajos  de la CEPAL se ha optado por
        operar estas variables sin descontar los  respectivos  gastos,
        en  atenci¢n a que las encuestas apuntan a captar -en el mejor
        de los casos- el ingreso bruto correspondiente, y  de  ninguna
        manera  se  puede presumir que, pese a ello, los entrevistados
        reporten dichos ingresos en t‚rminos netos.

        Sobre  este particular cabe tener presente tres circunstancias
        adicionales: la primera, de orden estrictamente  pr ctico,  es
        que  el conjunto de estas corrientes de ingreso representa una
        proporci¢n muy baja del ingreso total de los hogares, de  modo
        que  cualquiera  sea  el criterio que se adopte tiene muy poca
        incidencia en el resultado final; la segunda, en tanto, es m s
        conceptual, y se refiere al  hecho  de  que  lo  que  interesa
        evaluar  en  la  perspectiva  de los estudios de pobreza es la
        magnitud  de  los  recursos  de  que  dispone  el  hogar,  con
        prescindencia del destino  de  esos  recursos,  cuesti¢n  esta
        £ltima  que desde un punto de vista normativo -y especialmente
        para el caso de los hogares pobres- queda comprendida  en  las
        consideraciones  propias  de  la determinaci¢n del valor de la
        l¡nea de pobreza (o sea, de los gastos requeridos para  cubrir
        las necesidades b sicas), y, finalmente, que de acuerdo  a  la
        t‚cnica  aplicada para corregir espec¡ficamente la subdeclara-
        ci¢n  de  los  ingresos  de capital medidos por las encuestas,
        donde s¢lo se imputan  al  quintil  de  mayores  ingresos,  el
        criterio alternativo se reflejar¡a cuando m s en una leve baja
        de  la  concentraci¢n  del  ingreso, pero casi no afectar¡a la
        medici¢n de la pobreza.

    Lo  anteriormente  descrito permite ilustrar acerca de los avances
    metodol¢gicos alcanzados en materia de evaluaci¢n y correcci¢n  de
    los  sesgos  que afectan a la medici¢n de ingreso que realizan las
    encuestas de hogares. Pero, al mismo tiempo, advierte  respecto  a
    la necesidad de seguir progresando en la calidad de estos  ajustes
    (15),  conjuntamente  con  mejorar la confiabilidad de la informa-
    ci¢n, tanto de las encuestas como de las cuentas nacionales.

    5. Ampliaci¢n de la cobertura del concepto de ingreso

    Una  parte  del  consumo,  especialmente  de los sectores de bajos
    ingresos, proviene de transferencias del Estado, que no se  captan
    dentro  de los gastos privados que investigan las encuestas. Estas
    debieran incorporar los instrumentos que permitan  registrar  este
    tipo de informaci¢n.

    Como ya se mencion¢, el hecho de que el  dato  registrado  en  las
    encuestas  de  hogares  corresponda  exclusivamente  al  gasto  en
    consumo  privado  implica  que una parte de la satisfacci¢n de las
    necesidades b sicas no queda reflejada en esa pauta de consumo, en
    la medida que los hogares acceden a determinadas transferencias en
    forma  de  bienes y servicios subsidiados total o parcialmente por
    el Estado.

    En  el  contexto de la metodolog¡a de LP no existen, en principio,
    grandes dificultades conceptuales  para  ampliar  el  concepto  de
    ingreso  corriente  total  de los hogares hacia uno que incluya el
    acceso efectivo a esos servicios p£blicos gratuitos o subsidiados.
    Ello, por cuanto lo que involucra este £ltimo punto no es si la LP
    resultante  incorpora  o  no  dichos bienes y servicios, ya que su
    consideraci¢n expl¡cita muy probablemente  disminuir¡a  el  coefi-
    ciente  de  Engel  (aumentando,  por  ende,  la LP) con un aumento
    proporcional correlativo en el ingreso de los hogares.  Veamos  un
    ejemplo simple de un hogar cuyos ingresos se sit£an al nivel de la
    l¡nea de pobreza:
          
    Gasto en alimentos (G.A.)              = 100/200 = 0.5 (2.0)
    G.A. + Otros gastos privados
  
    Gasto en alimentos                     = 100/250 = 0.4 (2.5)
    Gasto total privado + Bienes P£blicos

          Ingreso 200 <=> Ingreso 250
          
    De lo anterior se deduce que el problema m s bien  estriba  en  la
    variabilidad  de  acceso  de los hogares -entre ellos y a lo largo
    del tiempo- a los bienes y servicios p£blicos o, por contraste, en
    la validez del supuesto  sobre  una  relativa  estabilidad  en  la
    cuant¡a  y  distribuci¢n  de  los  bienes  p£blicos; de lo cual se
    concluye que los hogares toman sus decisiones de gasto con arreglo
    al sistema institucional vigente, y en consecuencia el coeficiente
    de  Engel es adecuado para estimar el costo global del conjunto de
    las necesidades.

    Sin embargo, la situaci¢n es distinta en el  plano  emp¡rico.  Las
    encuestas  no  proveen informacion suficiente sobre el particular.
    En muy pocos casos (como la encuesta CASEN de Chile, por  ejemplo)
    se  identifica  a  los  hogares  y   personas   beneficiados   con
    transferencias  monetarias fiscales y se les consulta  acerca  del
    monto  de  esas  prestaciones,  o  bien se registra la informaci¢n
    suficiente  como  para   realizar  la  correspondiente  imputaci¢n
    (apoyada con datos de costo, externos a la encuesta). Desde luego,
    en  cuanto  a  las transferencias no monetarias el problema es a£n
    mayor.

    El  desaf¡o  en  esta   rea lo constituye el dise¤ar y llevar a la
    pr ctica los instrumentos adecuados para levantar la informaci¢n a
    nivel de cada hogar, conjuntamente con asegurar  su  periodicidad.
    Lo  que  trae  consigo  el  beneficio  adicional  de  aportar  los
    antecedentes  necesarios  para   ampliar   el   an lisis   de  las
    condiciones  de  vida  y  realizar  el seguimiento y evaluaci¢n de
    determinados programas sociales.

    6. Medidas de pobreza

    La  estratificaci¢n  de  la  poblaci¢n  de  acuerdo a criterios de
    pobreza, abre la posibilidad de elaborar informaci¢n e indicadores
    de  gran  utilidad  para  el  conocimiento  del  fen¢meno  y de su
    evoluci¢n.

    La mayor¡a de los estudios de pobreza que se elaboran  en  Am‚rica
    Latina presentan, normalmente, resultados relativos a la identifi-
    caci¢n  y  cuantificaci¢n  de  los  hogares  pobres.  Vale  decir,
    proporcionan informaci¢n  acerca  de  la  incidencia  de  pobreza,
    desagregada por unidades geogr ficas o grupos socioecon¢micos. Son
    m s  escasos,  sin  embargo, aquellos que cubren otras dimensiones
    del problema, tales como las brechas o ®deuda¯  de  pobreza  y  la
    severidad de la pobreza (qu‚ tan pobres son los pobres). Asimismo,
    no es del todo usual que se divulguen antecedentes sobre el perfil
    o  caracter¡sticas  de  los hogares pobres, particularmente £tiles
    para las tareas de diagn¢stico y dise¤o de pol¡ticas.

    Se  han  propuesto  un  gran  n£mero  de medidas de la pobreza que
    permiten   enriquecer  las  posibilidades   anal¡ticas   de  estos
    estudios. Entre ellas est n las que dan cuenta de la insuficiencia
    de ingreso de los pobres,  de  la  magnitud  del  esfuerzo  social
    requerido  para  superar  la pobreza o, por la v¡a de la descompo-
    sici¢n estad¡stica de los ¡ndices, de la contribuci¢n de distintos
    factores a la evoluci¢n de la incidencia agregada de pobreza.

    Desde un punto de vista formal, cada una de estas medidas presenta
    ventajas y limitaciones. Sen (1976) se¤al¢ dos axiomas principales
    que  deb¡an  cumplir,  como condiciones, los ¡ndices de pobreza, a
    saber:

    a)  Axioma  de  monotonicidad.  Una  reducci¢n en el ingreso de un
        hogar pobre (ceteris paribus) debiera incrementar el ¡ndice de
        pobreza.

    b)  Axioma de transferencia. Una transferencia de ingresos  de  un
        hogar  pobre   a  otro  m s  rico  (ceteris  paribus)  debiera
        incrementar el ¡ndice de pobreza.

    No todos los ¡ndices conocidos satisfacen  estas  condiciones.  Es
    claro,  por ejemplo, que la medida de incidencia de pobreza (H) no
    tiene ninguna de estas  dos  propiedades,  en  tanto  que  las  de
    brechas  de pobreza satisfacen el axioma de monotonicidad, pero no
    as¡ el de transferencia.  En atenci¢n a ello, el mismo Sen propuso
    un ¡ndice que supera estas limitaciones:

          P(s) = H [ I + (1 - I) G ]

    donde: H = incidencia de pobreza
    I =  brecha de ingreso (deuda media de pobreza en porcentaje
         -respecto a la l¡nea de pobreza)
    G =  coeficiente  de  Gini de la distribuci¢n del ingreso de
         los pobres.

    Como se advierte, en este ¡ndice la incorporaci¢n del  coeficiente
    de  Gini soluciona el problema de que se mantengan inalteradas las
    medidas H e I cuando se producen transferencias de  ingreso  entre
    los pobres. A su vez, 0 < P(s) < 1 .

    De all¡ se deduce que:

    P(s) = H * I si todos los pobres tienen el mismo ingreso.
    P(s) = 0   si todas las personas tienen un ingreso mayor que la
               l¡nea de pobreza, y
    P(s) = 1   si todas las personas tienen un ingreso igual a cero.

    Por  su parte, Foster, Greer y Thorbecke (1984) tambi‚n formularon
    un ¡ndice de pobreza, incorporado en  una  familia  de  ¡ndices  a
    partir  de  diferentes  valores  del par metro ® ¯ (que representa
    algo  as¡  como  el grado de aversi¢n a la pobreza por parte de la
    sociedad).  Cuando   =0,  el  ¡ndice  es  igual a la incidencia de
    pobreza (H); con  =1, es igual a la brecha de pobreza (H * I),  en
    tanto  que  cuando  =2, el ¡ndice representa la distancia media de
    ingreso  de  los  pobres,  al  cuadrado, en relaci¢n a la l¡nea de
    pobreza (FGT). As¡:

                    q           2
    P(FGT) =  (1/n) S [(z-y )/z]
                   i=1     i

    donde: n = poblaci¢n total
           q = total de pobres
           z = l¡nea de pobreza, e
           y = ingreso del i-‚simo individuo pobre
            i

    Este   ¡ndice   cumple   con   los  axiomas   de  monotonicidad  y
    transferencia  y,  adem s,  satisface  la  propiedad aditiva (y de
    descomposici¢n).  Sin embargo, su  interpretaci¢n  -en  cuanto  al
    significado en s¡ y de sus cambios- no resulta del todo clara.

    Los ejemplos anteriores persiguen  tan  s¢lo  llamar  la  atenci¢n
    respecto  a  la  posibilidad  e  importancia  de  complementar  el
    an lisis  tradicional sobre la magnitud y evoluci¢n de la pobreza,
    mediante la incorporaci¢n  de  medidas  y  perfiles  que  permitan
    enriquecer el diagn¢stico y conocimiento acerca de la situaci¢n de
    los sectores pobres.  Desde  luego,  siempre  en  el  marco de las
    limitaciones que impone la naturaleza muestral de la informaci¢n y
    la  confiabilidad  de  los  datos de ingreso que corrientemente se
    utilizan en este tipo de estudios.

    7. Las fuentes de informaci¢n

    El  mejoramiento  de  la  calidad,  cobertura  y pertinencia de la
    informaci¢n  que generan las encuestas de hogares, se reitera -por
    muchos  motivos-  como un tema crucial.  Paralelamente, se debiera
    avanzar en cada pa¡s hacia la conformaci¢n de un sistema integrado
    de encuestas e indicadores sociales.

    Finalmente, algunos comentarios de orden general sobre las fuentes
    de informaci¢n que se utilizan como base para  la  elaboraci¢n  de
    los  estudios  de pobreza por el m‚todo de LP, espec¡ficamente las
    encuestas de hogares.

    Para  nuestros fines es pertinente distinguir al menos tres clases
    de encuestas de hogares que  se  llevan  a  cabo  regularmente  en
    Am‚rica   Latina,   y  cuya  informaci¢n  permite  el  c lculo  de
    indicadores sociales y de pobreza.

    En  primer  lugar  est n  las  encuestas  de hogares de prop¢sitos
    m£ltiples, incorporadas en un programa permanente o  de  ejecuci¢n
    peri¢dica.  Por este tipo de encuestas se entiende aquellas que se
    realizan a lo menos una vez al a¤o, cuyo m¢dulo central se orienta
    generalmente a la medici¢n del empleo  y  que,  al  mismo  tiempo,
    registran   informaci¢n   sobre   un   conjunto   m s   amplio  de
    caracter¡sticas  de  las  personas  (demogr ficas,  de  migraci¢n,
    educaci¢n e ingresos) y de sus viviendas.  Asimismo, la mayor¡a de
    ellas  incluye  en  algunas  de  sus  rondas  m¢dulos  especiales,
    adosados al cuestionario principal de  la  encuesta,  los  que  de
    hecho  han  pasado a constituir un interesante expediente -de bajo
    costo- que se adapta bien a las necesidades de investigaci¢n y  de
    profundizaci¢n  de  ciertos  temas  (trabajo femenino, educaci¢n y
    capacitaci¢n, acceso a servicios de salud, etc.).

    Un  segundo  tipo de  encuestas,  que  se realizan de manera menos
    frecuente y  con  periodicidad  variable,  son  las  encuestas  de
    ingresos y gastos o de presupuestos familiares.  Tambi‚n  se trata
    de  investigaciones muestrales que aportan antecedentes muy £tiles
    para el examen de  la  situaci¢n  social.  Normalmente  contienen,
    adem s  de  ciertos  atributos  generales de las personas y de las
    viviendas, un registro detallado del ingreso y del  gasto  de  las
    familias,  a  partir de lo cual se definen las canastas b sicas de
    alimentos cuyo valor se utiliza en la estimaci¢n de las l¡neas  de
    pobreza.  A  su  vez,  efect£an  un  control  (estad¡stico)  de la
    estacionalidad del ingreso y de los gastos, en la  medida  que  se
    entrevista a distintos hogares habitualmente a lo largo de todo un
    a¤o.  Esto  redunda  en  una  calidad  relativamente  buena  de la
    informaci¢n, a lo  que  tambi‚n  contribuyen  los  instrumentos  y
    procedimientos  de  captaci¢n,  los m‚todos de evaluaci¢n (balance
    ingreso/gasto y chequeos en lugares de compra) y la selecci¢n  del
    entrevistado  (en muchos casos, informante directo). Adem s, estas
    encuestas suelen integrarse en el marco conceptual de las  cuentas
    nacionales,  especialmente  en  lo que respecta a la estructura de
    consumo de los hogares, y  su  tem tica  hace  posible  -en  alg£n
    grado-  el  estudio  del  comportamiento  de los gastos de consumo
    frente   al  impacto  de  determinadas  pol¡ticas   econ¢micas  de
    coyuntura.  Contra  el  buen  logro de este objetivo conspira, sin
    embargo, el car cter sumamente espor dico de estas investigaciones
    (debido,  entre  otros,  a su alto costo), su cobertura geogr fica
    generalmente  subnacional,  su  alta  complejidad y el que, por lo
    mismo, sea dif¡cil contar con muestras tipo ®panel¯. Asimismo,  su
    gran  extensi¢n  dificulta  la posibilidad de profundizar en temas
    como la educaci¢n y la vivienda, o bien incorporar otros, como  el
    acceso  a  los servicios de salud o la recepci¢n de transferencias
    no monetarias del Estado.

    Por £ltimo, cabe mencionar las encuestas preparadas  especialmente
    para hacer un seguimiento y evaluaci¢n de las condiciones sociales
    y de las situaciones de pobreza en la regi¢n. Estos relevamientos,
    que se efect£an cada 2 ¢ 3 a¤os, est n orientados a investigar con
    mayor extensi¢n o profundidad determinados aspectos, como  ser  el
    impacto  que  tienen  en  diferentes  sectores de la poblaci¢n las
    pol¡ticas y programas sociales.  Un  prototipo de ‚stos, que viene
    teniendo  bastante  difusi¢n e influencia en Am‚rica Latina, es la
    encuesta de caracterizaci¢n  socioecon¢mica  nacional  (CASEN)  de
    Chile.  Normalmente  se investiga con bastante detalle no s¢lo los
    recursos (ingresos) globales del  hogar  sino  tambi‚n  el  acceso
    efectivo  a  determinados  programas  asistenciales  (alimentaci¢n
    escolar, subsidios alimentarios o  de  vivienda,  etc.)  y  a  los
    servicios p£blicos (salud, educaci¢n, infraestructura, etc.). Ello
    permite  medir  el  impacto  y evaluar el grado de focalizaci¢n de
    esos programas,  conjuntamente  con  el  an lisis  de  importantes
    caracter¡sticas de los grupos beneficiarios, a base de informaci¢n
    del  hogar  recogida  por  la  encuesta y no as¡ por los registros
    administrativos propios de cada programa.

    Cabe  hacer  notar que un n£mero importante de pa¡ses de la regi¢n
    cuentan  con programas que comprenden dos e incluso los tres tipos
    de encuestas mencionadas,  sujetas  l¢gicamente  a  periodicidades
    distintas cada una de ellas. Sin embargo, en los £ltimos tiempos y
    como  fruto  de  una  creciente  demanda  de  informaci¢n del  rea
    social, se han evidenciado con mayor  fuerza  ciertos  vac¡os  con
    relaci¢n especialmente a la cobertura tem tica y a la periodicidad
    de las encuestas, como tambi‚n respecto a la concordancia  de  los
    datos  generados  por  diferentes  fuentes,  y a la aptitud de los
    mismos   para  responder  a  las  necesidades  impuestas  por  las
    pol¡ticas y proyectos sociales. Esto ha llevado en algunos casos a
    la proliferaci¢n de encuestas, o bien a ampliar  el  contenido  de
    los  cuestionarios  m s  all   de lo que razonablemente permite la
    definici¢n  de  cada  procedimiento  y   las   caracter¡sticas   y
    limitaciones de los instrumentos utilizados. Un ejemplo de ello es
    el intento de abordar la investigaci¢n de los temas propios de las
    encuestas de ingresos y gastos  mediante  los  procedimientos  m s
     giles  y  baratos,  pero  menos  eficaces,  de  las  encuestas de
    prop¢sitos m£ltiples.

    En  este  sentido, junto con persistir en el esfuerzo de propender
    al mejoramiento de la calidad de los datos que se producen con las
    diferentes investigaciones, nos parece que  se  debiera  tender  a
    aclarar  mayormente  las  potencialidades de cada tipo de encuesta
    fomentando  una  cierta  especializaci¢n,  pero  en  un  marco  de
    coherencia y complementariedad entre  ellas  (sistema  integrado).
    Esto  debiera  implicar  que  en  aquellos pa¡ses en los cuales no
    existe una o m s de estas encuestas, que  son  la  mayor¡a  en  la
    regi¢n,  debiera  avanzarse en completar el sistema. La diversidad
    de situaciones que presentan los pa¡ses determinar  que en algunos
    casos el ‚nfasis sea puesto en lograr la continuidad y  elevar  la
    calidad  de  la  encuesta  de  prop¢sitos  m£ltiples, ampliando su
    cobertura geogr fica y fortaleciendo el soporte institucional.  En
    otros,  en  tanto,  cobrar  relevancia la realizaci¢n de una nueva
    encuesta de ingresos y gastos,  o  bien  el  dise¤o  y  puesta  en
    pr ctica  de una investigaci¢n sobre las condiciones de vida de la
    poblaci¢n.  En  los  m s  avanzados,   por  su  parte,  lo central
    estar   en  mejorar  la  coherencia  e  integraci¢n de todos estos
    instrumentos.


    Bibliograf¡a

    ù Altimir, O. (1975), ®Estimaciones de la distribuci¢n del ingreso
      en Am‚rica Latina por medio de encuestas de hogares y censos  de
      poblaci¢n.  Una evaluaci¢n de confiabilidad¯, Comisi¢n Econ¢mica
      para Am‚rica Latina y el Caribe (CEPAL), agosto.
    
    ù (1979),  ®La dimensi¢n  de  la pobreza en Am‚rica Latina¯, serie
      Cuadernos de la CEPAL, N§ 27.
    
    ù (1987), ®Income  Distribution  Statistics  in  Latin America and
      their  Reliability¯,  The  Review of Income and Wealth, vol. 33,
      N§ 2, junio.
    
    ù (1988), ®Determinaci¢n de las necesidades de energ¡a y proteinas
      para  la  poblaci¢n  de nueve  pa¡ses  latinoamericanos¯, CEPAL,
      Divisi¢n de Estad¡stica y Proyecciones (LC/L.471), julio.
    
    ù Coordinaci¢n  General  del  Plan  Nacional de Zonas Deprimidas y
      Grupos Marginados del  Gobierno  de  M‚xico  (COPLAMAR)  (1983),
      Macroeconom¡a de las necesidades esenciales en M‚xico, Siglo XXI
      Editores, M‚xico.
    
    ù Beccaria, L. y A. Minujin  (1993),  ®Sobre  la  medici¢n  de  la
      pobreza:  ense¤anzas  a  partir  de  la  experiencia Argentina¯,
      mimeo.
    
    ù Boltvinik, J.(1990),  ®Pobreza  y necesidades b sicas¯, Programa
      de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junio

    ù Comisi¢n Econ¢mica para  Am‚rica  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL)
      (1990),  ®Una  estimaci¢n de la magnitud de la pobreza en Chile,
      1987¯, octubre.
    
    ù            (1991),  ®Magnitud de la pobreza en Am‚rica Latina en
      los a¤os ochenta¯, serie Estudios e informes, N§ 81.

    ù Feres, J.C.  (1988), ®Las encuestas de hogares y la medici¢n del
      ingreso en Am‚rica Latina¯, revista Estudios de  Econom¡a,  vol.
      15,  N§ 1,  Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad de
      Chile.
    
    ù Feres, J.C. y A. Le¢n (1987), ®Colombia:  estructura  del  gasto
      familiar en distintos tipos de hogares¯, CEPAL, abril.
    
    ù (1988), ®Algunos comentarios sobre la metodolog¡a  de
      construcci¢n y valoraci¢n de las canastas b sicas de alimentos
      para los estudios de pobreza¯, CEPAL, abril.
    
    ù (1990), ®Magnitud de la  situaci¢n  de  la  pobreza¯,
      Revista de la CEPAL, N§ 41, agosto.
    
    ù Foster, J.,  J. Greer,  y  E.  Thorbecke  (1984),  ®A  Class  of
      Decomposable Poverty Measures¯, Econometrica, vol. 52, N§ 3,
      mayo.
    
    ù Gerstenfeld, P.  (1993),  ®Mediciones  de  pobreza  en  Uruguay.
      Aspectos metodol¢gicos¯, CEPAL , Montevideo, noviembre.
    
    ù Ravallion, M.(1992), ®Poverty Comparisons. A Guide  to  Concepts
      and Methods¯, World Bank, LSMS Working Paper, N§ 88.
    
    ù Sen, A. (1976),  ®Poverty:  An ordinal Approach to Measurement¯,
      Econometrica, vol. 44, N§ 2, marzo.
    
    ù (1981), ®Poverty and Famines. An Essay on Entitlement
      and  Deprivation¯, Organizaci¢n Internacional del Trabajo (OIT),
      Clarendon Press, Oxford.