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ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ 3.1 LA MEDICION DE LA POBREZA SEGUN EL METODO DE INGRESO: ³ ³ NOTAS PARA DISCUSION ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Juan Carlos Feres Comisi¢n Econ¢mica para Am‚rica Latina y el Caribe (CEPAL) Santiago, Chile I. INTRODUCCION En Am‚rica Latina se utilizan preferentemente dos aproximaciones metodol¢gicas para la medici¢n y caracterizaci¢n de la pobreza: el llamado ®m‚todo del ingreso¯ o de las ®l¡neas de pobreza¯ (LP) y el m‚todo directo de los indicadores sociales, cuya modalidad m s difundida en los £ltimos a¤os han sido los denominados ®mapas de necesidades b sicas insatisfechas¯ (NBI). Como se sabe, ambos m‚todos responden a enfoques conceptuales diferentes, al punto que ®no constituyen, en realidad, formas alternativas de medir la misma cosa, sino que representan dos concepciones distintas de la pobreza¯ (Sen, 1981). Estos se basan, en un caso, en la noci¢n de capacidad para satisfacer las necesidades esenciales y, en el otro -el m‚todo directo-, en la observaci¢n del consumo real de las personas con relaci¢n a determinadas convenciones sobre necesidades m¡nimas. Sin embargo, los dos revisten gran inter‚s y contribuyen significativamente a las tareas de diagn¢stico de la pobreza. La fuente principal de informaci¢n de los mapas de NBI son los censos de poblaci¢n y vivienda, en tanto que las estimaciones por LP se elaboran sobre la base de las encuestas de hogares. A su vez, cada uno de ellos cuenta naturalmente con un esquema metodol¢gico y una cierta matriz operacional. No obstante, su aplicaci¢n concreta suele discurrir por variantes que no siempre se explican del todo, por las consabidas limitaciones en materia de informaci¢n. Esto lleva a que con alguna frecuencia los resultados que arrojan diversos estudios, que utilizan aparen- temente el mismo m‚todo y las mismas fuentes de datos, en especial aquellos realizados con el enfoque de la LP, difieran en la magnitud de la pobreza estimada (a veces en medida considerable), como tambi‚n en cuanto a las caracter¡sticas de los hogares que son clasificados como pobres, con el evidente desconcierto que ello provoca entre los analistas y la opini¢n p£blica en general. Tales discrepancias inciden en la credibilidad y confiabilidad t‚cnica de estas mediciones, ponen en cuesti¢n las evaluaciones que se realizan del nivel y evoluci¢n de la pobreza, y dificultan las comparaciones internacionales. Los esfuerzos por superar este problema pasan, obviamente, por cuidar en cada investigaci¢n la transparencia y acuciosidad con que se explicitan los conceptos, criterios y supuestos utilizados, as¡ como las fuentes de informaci¢n y el tratamiento a que se someten los datos, de manera de hacer posible un riguroso examen e interpretaci¢n de sus resultados. Pero ello no basta. Se requiere, al mismo tiempo, generar entre los investigadores un mayor consenso en cuanto a los procedimien- tos que se aplican en las diferentes etapas del proceso de estimaci¢n, a fin de encaminarse hacia un padr¢n com£n capaz de elevar la consistencia y homogeneidad de las mediciones y garantizar una efectiva comparabilidad de las mismas. Lo cual se complementa, desde luego, con la necesidad de seguir profundizando en lo que respecta a la verdadera utilidad, alcances y limitaciones de la informaci¢n que surge de la aplicaci¢n de estos m‚todos, en funci¢n de los requerimientos para el an lisis y la toma de decisiones en el campo social (vg. diagn¢stico, definici¢n de grupos focales y dise¤o, seguimiento y evaluaci¢n de impacto de las pol¡ticas y programas orientados a la superaci¢n de la pobreza). Aunque esto forma parte de un debate ya tradicional en Am‚rica Latina y bastante se ha avanzado al respecto, creemos que es posible ampliar todav¡a m s el espacio de operacionalizaci¢n com£n de conceptos y m‚todos; esto, sin perjuicio de que por su naturaleza y complejidad haya que admitir siempre un cierto grado de diversidad en esta materia, e incluso se estime aconsejable que as¡ sea. En esta nota se rese¤an y discuten brevemente algunos aspectos del m‚todo de LP, de car cter exclusivamente metodol¢gico, que inciden en la identificaci¢n de los hogares pobres y en el c lculo de la extensi¢n de la pobreza, y que pueden ser £tiles a este prop¢sito. Su relevancia ya ha sido puesta de manifiesto en la vasta literatura que sobre el particular se ha generado en la regi¢n en los £ltimos a¤os, por lo que debieran merecer una especial consideraci¢n en las investigaciones futuras sobre el tema. II. REFERENCIAS AL METODO DEL INGRESO Centraremos los comentarios en torno a siete elementos: las diferencias que se establecen en el costo de la canasta b sica de alimentos; el procedimiento de c lculo del valor de los satisfactores no alimentarios; el uso de medidas de equivalencia para los hogares de diferente tama¤o y composici¢n; la evaluaci¢n de confiabilidad de la medici¢n del ingreso corriente; los problemas asociados a la ampliaci¢n de la cobertura del concepto de ingreso; las medidas de pobreza, y, finalmente, algunos alcances sobre las fuentes de informaci¢n que se emplean en este tipo de estudios. Por lo tanto, no se abordan en esta oportunidad los elementos relativos a la dimensi¢n propiamente conceptual del m‚todo del ingreso, lo que no implica desconocer que ‚sta representa una materia de la mayor importancia y que, en ocasiones, puede constituir una fuerte condicionante de las opciones en el plano metodol¢gico. 1. Canasta b sica de alimentos (CBA) Aun aplicando la misma metodolog¡a para la construcci¢n y valoraci¢n de la canasta b sica de alimentos, es habitual que se establezcan costos distintos de CBA, debido a diferencias en la informaci¢n y en los criterios y procedimientos que se utilizan. Esto lleva a considerar que en los estudios de pobreza se trabaje m s bien con un intervalo de valores y no con un valor £nico. La determinaci¢n del valor de la CBA, representativo del costo de satisfacci¢n de las necesidades b sicas de alimentaci¢n en un momento y lugar determinados, comporta un proceso de varias etapas que demanda el uso de gran cantidad de informaci¢n. En Am‚rica Latina esto se ha asumido principalmente en el marco de lo que podr¡a se¤alarse como los lineamientos de la CEPAL: definici¢n de canastas cuyo nivel y composici¢n satisfagan las necesidades nutricionales y reflejen los h bitos de consumo prevalecientes en la sociedad (ajuste a las preferencias del consumidor), en concordancia con la oferta interna de productos alimentarios y sus precios relativos Para su valoraci¢n se utilizan, en tanto, los precios de cada art¡culo recolectados para el c lculo del ¡ndice de precios al consumidor (IPC) (CEPAL, 1991). Pese a que en la regi¢n esta metodolog¡a goza de una aplicaci¢n relativamente generalizada, y que la misma detalla los procedi- mientos que ordenan las diferentes fases de la estimaci¢n, cada ejercicio concreto se enfrenta a situaciones particulares, por insuficiencias de la informaci¢n u otras razones, que inciden finalmente en el costo de la canasta b sica de alimentos. De modo que resulta casi inevitable arribar a valores diferentes, no s¢lo entre distintos investigadores sino incluso en el contexto de un mismo estudio, en correspondencia con los caminos alternativos que se sigan en cuanto a criterios, supuestos y tratamiento de los datos de base. A su vez, valores distintos de la CBA, conocidos tambi‚n como l¡neas de indigencia (LI) o de pobreza extrema, se traducen directamente en diferencias en la extensi¢n de la pobreza estimada. El problema es todav¡a m s agudo en aquellos casos en que la informaci¢n con que se cuenta es manifiestamente d‚bil o incompleta, como suele ocurrir en algunas reas urbanas y en las reas rurales de nuestros pa¡ses, lo que obliga a conducir el an lisis apoyado en meras hip¢tesis o apreciaciones conjeturales. Ahora bien, no obstante estar conscientes de ello, por lo general tendemos a trabajar, impl¡cita o expl¡citamente, bajo el supuesto de que el costo de la CBA representa un valor puntual, de alta precisi¢n. Y lo mismo hacemos luego, por ende, con el valor del ¡ndice de pobreza. En atenci¢n a esta variabilidad (1), pareciera m s razonable establecer este costo en funci¢n de un intervalo y no adoptarlo necesariamente como un valor espec¡fico. La contrapartida obvia es que esto dificulta un tanto los an lisis respecto de los cambios que experimenta la pobreza en el tiempo, sobre todo cuando son de magnitud m s bien peque¤a, pero el beneficio es una mayor coherencia con el grado de exactitud con que efectivamente se obtienen estas estimaciones. Puesto as¡, el problema ser¡a entonces c¢mo determinar la amplitud del citado intervalo. La tarea es, sin duda, eminentemente emp¡rica. Dejando de lado los aspectos netamente estad¡sticos, los m¡nimos y m ximos del intervalo debieran ser la resultante de la sensibilidad del costo de la CBA a valores alternativos -dentro de rangos razonables- de ciertos par metros relevantes que intervienen en su estimaci¢n. Entre esos factores de mayor incidencia cabe mencionar aquellos que guardan relaci¢n con los requerimientos nutricionales de los diferentes grupos seg£n sexo, edad y actividad, dado que la canasta se ajusta a las necesidades promedios de la poblaci¢n; la estructura de consumo impl¡cita en la CBA y la cantidad f¡sica de cada producto que la compone, y los precios a los cuales se valora dicha canasta. Entre otros, es posible identificar -en el primer caso- elementos tales como la talla, y por consiguiente el peso, de las personas adultas, necesarios para calcular la" tasa de metabolismo basal" (energ¡a) o el requerimiento prote¡nico; la distribuci¢n horaria dedicada a las diferentes actividades predominantes (ligeras, moderadas y pesadas), especialmente entre la poblaci¢n adulta, y los gastos energ‚ticos brutos correspondientes a cada actividad. En el segundo, sobre la estructura de consumo, est n los aspectos relativos a la selecci¢n del grupo de referencia para evaluar los h bitos de la poblaci¢n; el tratamiento del consumo ®fuera del hogar¯ (modalidad de adquisici¢n de los alimentos), y los supuestos relativos a la evoluci¢n de los patrones de gasto, cuando no se dispone de encuestas recientes sobre el particular. Y, por £ltimo, respecto de los precios, la selecci¢n de aquellos que se estimen pertinentes para valorar la CBA (medios, m¡nimos, los que pagan los sectores pobres, etc.); diferencias entre regiones o reas, a falta de informaci¢n detallada, e ¡ndice v lido para la actualizaci¢n del valor de la canasta (IPC de alimentos, IPC de los pobres, o precios por producto). Diversos estudios de la CEPAL y de otros autores (2) han simulado el efecto de algunos de estos factores. Por ejemplo, hay an lisis de sensibilidad de las necesidades promedios de energ¡a de toda la poblaci¢n ante variaciones en sus elementos determinantes. As¡, cambios en la talla de la poblaci¢n adulta de m s o menos 2 cm, inciden en variaciones -positivas o negativas- de las necesidades cal¢ricas que llegan a lo sumo a 22 Kcal/d¡a por persona (menos de 1% del requerimiento total). Distintas hip¢tesis sobre distribu- ci¢n horaria dedicada a las diferentes actividades predominantes afectan, por su parte, en no m s de 26 Kcal/d¡a por persona. Y el impacto de diferentes valores de los gastos energ‚ticos brutos correspondientes a cada actividad se mueve entre -1.2% y +0.7%(3). Del mismo modo, en ciertos pa¡ses y en determinados per¡odos, las diferencias en el costo de la CBA derivadas de utilizar uno u otro ¡ndice de precios para actualizar su valor, han resultado m¡nimas o de poca significaci¢n. No obstante, la evidencia de que se dispone es a£n muy insufi- ciente y no siempre aporta resultados concluyentes. Adem s, se requieren esfuerzos adicionales para alcanzar un cierto grado de formalizaci¢n, que permita establecer algo as¡ como el efecto neto del conjunto de factores que inciden en la variabilidad del valor de la canasta b sica de alimentos. Esta es, por tanto, una de las reas en que se debe seguir trabajando. 2. Gastos no alimentarios La estructura del gasto var¡a, entre otros factores, en funci¢n del tama¤o y la composici¢n del hogar y de las etapas del ciclo de vida familiar. De modo que, m s que aplicar un coeficiente (promedio) de gasto en bienes no alimentarios para todos los hogares de un grupo pertinente de ingresos, debiera tenderse hacia ®un juego de coeficientes¯. Asimismo, cuando no se dispone de datos recientes sobre la distribuci¢n del gasto, dichos coefi- cientes debieran actualizarse al menos de acuerdo a la evoluci¢n de los precios relativos entre los alimentos y los dem s productos de consumo. En el marco del m‚todo de LP, la manera habitual de determinar el costo de satisfacci¢n de las necesidades no alimentarias es de tipo normativo. Se basa en la relaci¢n observada entre los gastos en alimentaci¢n y los gastos totales de consumo (coeficiente de Engel) en los distintos estratos de hogares, especialmente en aquellos que pertenecen al denominado grupo de referencia (hogares cuyo gasto en alimentos es ligeramente superior al presupuesto b sico establecido) (4). Al respecto se han destacado a lo menos dos implicaciones conceptuales. En primer lugar, que lo anterior supone que los hogares que logran cubrir adecuadamente sus necesidades de alimentaci¢n, satisfacen al mismo tiempo los est ndares m¡nimos de las otras necesidades b sicas (5). En segundo lugar, que el hecho de que el dato registrado en las encuestas corresponda exclusiva- mente al gasto en consumo privado implica que una parte de la satisfacci¢n de las necesidades b sicas no queda reflejada en esa pauta de consumo, en la medida que los hogares acceden a bienes y servicios subsidiados total o parcialmente por el Estado (CEPAL, 1990) (6). Sin embargo, lo que queremos resaltar ac es un asunto distinto. Admitido el coeficiente de Engel como norma a partir de la cual se establece el costo de los satisfactores no alimentarios, surge el problema de las diferencias en el valor de este coeficiente entre los distintos tipos de hogares de un estrato de referencia (7). Diferencias que tienen que ver principalmente con el tama¤o y la composici¢n del hogar, y con las etapas del ciclo de vida por las que ‚ste atraviesa. Un ejemplo de ello lo encontramos en los resultados del an lisis efectuado por Feres y Le¢n (1987), a partir de los datos de la encuesta de ingresos y gastos de Colombia de 1984-1985, que ilustran acerca de las diferencias que existen en la estructura del gasto no alimentario, en sus principales rubros, entre hogares de similar nivel de ingreso pero de distinta composici¢n. As¡, para el conjunto de hogares de Bogot , Cali y Medell¡n que conformaban el 2§. cuartil de gasto per c pita, se observaron diferencias en la proporci¢n del gasto destinado a transporte, educaci¢n, salud y vivienda. Respecto de este £ltimo ¡tem, los hogares constituidos por parejas j¢venes, sin hijos, destinaban en promedio cerca de un 20% del gasto a vivienda, en tanto que en los hogares de parejas de mayor edad con dos hijos dicho porcentaje era de un 15%. Las diferencias que se observaron en la proporci¢n del gasto en alimentaci¢n fueron a£n mayores. De modo que el hecho de que el costo de atender las necesidades no alimentarias var¡e a lo largo de las etapas del ciclo de vida familiar, seg£n el tama¤o y la composici¢n del hogar, as¡ como en funci¢n de otros factores tales como la cuant¡a del patrimonio acumulado y el grado de acceso a servicios p£blicos, amerita un cierto an lisis pormenorizado de estos cap¡tulos del gasto, el cual podr¡a derivar -al igual que para la alimentaci¢n- en eventuales coeficientes espec¡ficos para distintos tipos de hogares. Sin embargo, este es un aspecto que debiera tambi‚n tener su expresi¢n en el mbito de las denominadas ®escalas de equiva- lencias¯ que se analizan en el punto siguiente, y a lo mejor es a trav‚s de ellas que debieran recogerse completamente los efectos relativos a las diferencias de composici¢n y de las econom¡as de escala de los hogares, impl¡citas en el perfil de sus gastos de consumo. Por otra parte, en virtud de la baja periodicidad con que se realizan las encuestas de presupuestos familiares, es necesario contar con alg£n criterio que permita ®actualizar¯ la estructura de gastos de los hogares. En ausencia de otra informaci¢n, y sin recurrir a sofisticados c lculos de elasticidad, una v¡a dispo- nible parece ser el tomar en consideraci¢n la evoluci¢n de los precios de los diferentes cap¡tulos del gasto y ponderar, en cada momento, el coeficiente original por la diferencial de cambio en los precios relativos. La experiencia de los £ltimos a¤os en la mayor¡a de los pa¡ses de la regi¢n en cuanto, por ejemplo, a la disparidad con que se han modificado los precios de los bienes transables y no transables, o las tarifas de los servicios p£blicos versus precios de los alimentos, justifican con creces un procedimiento de este tipo. Un asunto distinto (y que no veremos ac ) es, por cierto, el c¢mo determinar los coeficientes de gasto en alimentaci¢n en aquellas reas de las cuales no se tiene ninguna clase de informaci¢n, situaci¢n en que se encuentra gran parte de las zonas rurales de Am‚rica Latina. 3. Medidas de equivalencia El uso de valores expresados per c pita es necesario, pero claramente insuficiente. Las importantes diferencias entre los hogares en determinados atributos claves, hace aconsejable evaluar sus necesidades y sus recursos en unidades de equivalencia. No obstante, se est lejos de disponer de buenas medidas en este sentido. En los estudios de pobreza se utilizan normalmente las unidades per c pita para expresar tanto los valores de las l¡neas como los recursos de que dispone el hogar para satisfacer sus necesidades b sicas. Con ello se da cuenta del hecho de que el nivel de bienestar depende estrechamente del n£mero de miembros de la familia. Sin embargo, como ya se dijo, en rigor la l¡nea de pobreza -o el ingreso- debiera reconocer adem s las econom¡as de escala asociadas a diferentes tama¤os de hogar, los efectos de la particular composici¢n de sus integrantes (sexo, edad u otra caracter¡stica relevante), as¡ como la estructura de consumo que acompa¤a a las distintas fases o etapas del ciclo de vida familiar. El conjunto de estos elementos es lo que tendr¡a que resumirse en las denominadas ®escalas de equivalencia¯ entre los hogares (8). La utilizaci¢n o no de este tipo de escalas en los diversos estudios redunda en discrepancias en sus resultados, no s¢lo en cuanto a la extensi¢n de la pobreza sino, especialmente, en lo que respecta a la identificaci¢n de los hogares pobres. Como ejemplo, baste se¤alar que muchos hogares de ingresos medios pero de gran tama¤o (y por ende con fuerte presencia de ni¤os), podr¡an cambiar su clasificaci¢n de pobres a no pobres si se tomara en cuenta las equivalencias que les son aplicables. Con todo, debe reconocerse que estas escalas son dif¡ciles de obtener y, aun cuando existen algunas propuestas concretas, se considera que hasta ahora son muy parciales e imperfectas. Tres son los m‚todos principales que se utilizan para obtenerlas: a) Encuestas de valoraci¢n de las necesidades individuales (introduce elementos subjetivos); b) Investigaci¢n emp¡rica del comportamiento del gasto de los hogares (usando alg£n indicador de bienestar, como el coeficiente de Engel, para hogares de diferente tama¤o y composici¢n), y c) Estudios de base nutricional (y psicol¢gica). Naturalmente, los distintos m‚todos conducen a resultados tambi‚n distintos. Para ilustrar la gran disparidad que se puede producir a este respecto, a continuaci¢n se presentan cuatro escalas actualmente en uso en diferentes pa¡ses: Escala de Amsterdam (usada en los estudios de gastos de consumo en el Reino Unido): Hombre Mujer 18 a¤os y m s 1.00 0.90 14 - 17 a¤os 0.98 0.90 < 14 a¤os 0.52 0.52 OECD 1/ OECD modificada 2/ Primer adulto 1.0 1.0 Persona adicional > 14 0.7 0.5 Persona adicional < 14 0.5 0.3 1/ Arbitraria, pero m s realista que el per c pita. 2/ Compromiso entre la de la Organizaci¢n de Cooperaci¢n y Desarrollo Econ¢micos (OECD) y la escala subjetiva. Escala subjetiva: Primer adulto 1.000 Segunda persona 0.232 Tercera persona 0.159 Cuarta persona 0.126 Quinta persona 0.105 Sexta persona 0.091 Como se advierte, unas y otras pueden llegar a ser muy diferentes, al punto de alterar significativamente los resultados que se obtengan en un estudio de pobreza. De modo que tampoco basta aplicar una escala (frente a no hacerlo), sino que es muy importante conocerla espec¡ficamente, y evaluar sus antecedentes y razonabilidad. Un criterio utilizado en Am‚rica Latina para elaborar escalas de equivalencia pero v lido tan solo a nivel del consumo alimentario, es aquel que se deriva de las necesidades energ‚ticas de cada individuo (CEPAL, 1991). Con su aplicaci¢n es posible tomar en cuenta las necesidades diferentes de alimentaci¢n de los distintos miembros del hogar, pero no incorpora expl¡citamente las posibles econom¡as de escala en el consumo de alimentos. Con mayor raz¢n, no se puede considerar este criterio como base suficiente para extrapolarlo al conjunto de los gastos de consumo. De todas maneras, su utilidad es indudable en el ¡tem de consumo alimentario, por lo que en el cuadro siguiente se presenta un ejemplo de este tipo de escala, a partir de los requerimientos de una persona de 31 a 60 a¤os de edad, de sexo masculino y con actividad moderada. Escala a base de las necesidades energ‚ticas (Per£) Categor¡as sociodemogr ficas Hombres Mujeres Menores de 1 a¤o 0.274 0.253 1 a 3 a¤os 0.502 0.469 4 a 6 a¤os 0.651 0.587 7 a 9 a¤os 0.748 0.660 10 a 13 a¤os 0.825 0.728 14 a 17 a¤os 0.990 0.774 18 a 30 a¤os Actividad ligera 0.883 0.701 Actividad moderada 0.994 0.722 Actividad pesada 1.143 0.761 31 a 60 a¤os Actividad ligera 0.888 0.725 Actividad moderada 1.000 0.747 Actividad pesada 1.150 0.787 Mayores de 60 a¤os Actividad ligera 0.729 0.659 Actividad moderada 0.821 0.679 Actividad pesada 0.944 0.715 Fuente: CEPAL, 1988. En consecuencia, pese a reconocer la imperiosa necesidad de incorporar este elemento en la metodolog¡a de los estudios de pobreza, es poco a£n lo que se puede proponer s¢lidamente al respecto. Constituye, por lo tanto, otro tema que debiera formar parte de la agenda de investigaci¢n metodol¢gica en este campo de los pa¡ses de la regi¢n. 4. Confiabilidad de la medici¢n del ingreso Evaluar la calidad de las mediciones de ingreso de las encuestas de hogares es una tarea central en las estimaciones de pobreza por LP. Junto con avanzar hacia una mayor cobertura y precisi¢n de los datos primarios, es posible mejorar a£n m s los procedimientos para la correcci¢n y ajuste de esos ingresos. Entre los m£ltiples aspectos que investigan las encuestas de hogares, no cabe duda que uno de los m s controversiales es el de la calidad de las mediciones de las distintas corrientes de ingresos que reciben las personas y las familias. Existe un amplio consenso en que ellas adolecen de sesgos generalmente subestima- tivos, aun cuando tal consenso no siempre se extienda a la manera en que ellos se determinan y a la magnitud de los mismos. En los estudios de pobreza, que representan un corte normativo en la distribuci¢n del ingreso, es imprescindible hacer un intento por evaluar estos sesgos y corregirlos. De lo contrario, ellos se reflejan autom ticamente en la extensi¢n de la pobreza estimada. Pese a que las encuestas m s frecuentemente utilizadas para estos fines forman parte -en casi todos los pa¡ses- de un programa regular y de ejecuci¢n permanente, con sus contenidos y procesos altamente estandarizados, no hay antecedentes suficientes que avalen la tesis de una relativa estabilidad de estos sesgos en la sucesivas rondas de la encuesta (9). Por el contrario, en muchos casos la evidencia que se ha podido generar tiende a contradecir -y a veces abiertamente- la idea de un posible "congelamiento" de tales sesgos. No queda otra alternativa, por tanto, que evaluar en cada encuesta la confiabilidad de la medici¢n del ingreso y procurar la correcci¢n de los m rgenes de subestimaci¢n. Los sesgos pueden ser de distinto tipo. Algunos se relacionan con el c racter muestral de la investigaci¢n (insufiencia o mala calidad del marco muestral, problemas de cobertura, rechazos, variabilidad estad¡stica, etc.), en tanto que otros se derivan m s bien de determinadas contingencias de errores ajenos al muestreo (Altamir, 1975). Los primeros se suponen manejados en el marco de cada encuesta, y son generalmente evaluados por el responsable de la misma; los segundos, en cambio, constituyen sobre todo errores de respuesta que suelen ser m s dif¡ciles de detectar, no siempre son completamente imputables al responder y su correcci¢n resulta compleja. Adem s, estos £ltimos representan usualmente la mayor proporci¢n dentro del error total de estimaci¢n. Para nuestros prop¢sitos interesan especialmente los problemas de no respuesta, de cobertura incompleta del concepto de ingreso investigado, y de subdeclaraci¢n. La falta de respuesta a determinadas preguntas de ingreso puede llegar a ser significativa en una encuesta, al punto que distorcione los resultados y abulte artificialmente los ¡ndices de pobreza (y particularmente los de indigencia) 10. Es necesario, por ende, efectuar las imputaciones correspondientes, de acuerdo a los atributos de cada receptor que no declar¢. Esto es perfecta- mente posible en la mayor¡a de los casos y la propia encuesta aporta informaci¢n para ello, utilizando como base los ingresos reportados por las personas u hogares de similares caracter¡sticas (11). Un criterio alternativo es obviamente excluir de la muestra, para todo lo relacionado con las variables de ingreso, a aquellos que no reportan su valor. Si lo anterior se acompa¤a de los ajustes muestrales pertinentes (reemplazos o cambios en los factores de expansi¢n) no hay problema; pero, de no ser as¡, alterar¡a la representatividad de la encuesta, o bien obligar¡a a ampararse en el supuesto de que las personas que se excluyen de la muestra tienen la misma distribuci¢n y caracter¡sticas de las que permanecen en ella, lo que constituye un supuesto fuerte que al menos requiere del respaldo de investigaciones de campo, que por lo general no se realizan en Am‚rica Latina. Completar el concepto de ingreso investigado en las encuestas, para compatibilizarlo con el ingreso corriente total de los hogares, tambi‚n opera por el mecanismo de la imputaci¢n. Pero este caso es distinto al anterior; no s¢lo se requiere identificar a los probables perceptores de cada clase de ingreso no investigado, sino adem s generar una estimaci¢n del monto global o promedio de esos ingresos a partir de datos de una fuente ex¢gena a la encuesta que, como se ver , est constituida por las cuentas nacionales. Asimismo, se debe contar con algunos criterios que permitan distribuir esos ingresos entre los perceptores. En la pr ctica, lo que se verifica es que a veces se dispone de informaci¢n en la encuesta como para identificar a esos receptores y distribuir los ingresos, y otras s¢lo es posible hacer una asignaci¢n gruesa y muy conjetural. Sin embargo, aun en esta situaci¢n es claramente preferible realizar las correcciones, minimizando as¡ el riesgo de sobreestimar los ¡ndices de pobreza. Por su parte, el an lisis de confiabilidad de los ingresos y la evaluaci¢n de los probables sesgos de subdeclaraci¢n, tambi‚n requieren de un patr¢n de referencia cuantitativo, independiente de la encuesta misma, que provea estimaciones de los diversos tipos de ingreso de los receptores y sirva de punto de contraste sobre bases comparables. Este papel se le asigna normalmente a las cuentas nacionales. Hasta ahora la mayor¡a de los pa¡ses de Am‚rica Latina no elabora regularmente la cuenta de ingresos y gastos de los hogares del sistema de cuentas nacionales (SCN), o no lo hace con el grado de desagregaci¢n deseado. A su vez, son de sobra conocidas las cr¡ticas que se formulan a la precisi¢n y confiabilidad de las propias cuentas nacionales, lo que podr¡a poner en tela de juicio su utilizaci¢n como marco de referencia para evaluar las encuestas. No obstante, es indiscutible que se trata del £nico sistema estad¡stico que ofrece una evaluaci¢n y conciliaci¢n en detalle de los datos provenientes de m£ltiples fuentes, en el contexto de un marco conceptual coherente y de aplicaci¢n sistem tica. De all¡ que el punto sea m s bien c¢mo mejorar progresivamente la disponibilidad, calidad, nivel de desagregaci¢n y rigor conceptual de la cuenta de los hogares, y no limitarse solamente a impugnar su validez. En esta l¡nea se podr¡an inscribir, por ejemplo, los esfuerzos de la CEPAL por incentivar a los pa¡ses a que asuman esta tarea, colaborando en el desarrollo metodol¢gico e incluso aportando sus propias estimaciones. El siguiente paso es definir los criterios y procedimientos para llevar a cabo el ajuste de los ingresos de la encuesta (12). Partiendo de la base de que la magnitud de la subestimaci¢n de cada tipo de ingreso viene dada por su diferencia respecto al monto de similar corriente registrado en las cuentas nacionales, un primer problema que enfrentar es el de la conciliaci¢n de conceptos entre ambas fuentes. Como elementos relevantes, en este sentido, podr¡amos mencionar: a) Remuneraciones de los empleados De acuerdo al procedimiento, las encuestas investigan los ingresos del trabajo, y en particular las remuneraciones de los empleados, generalmente como ingreso l¡quido; vale decir, lo que efectivamente recibe el trabajador luego de efectuados los descuentos legales. Por su parte, en la cuenta de los hogares se consignan las remuneraciones brutas, de manera que la equivalencia conceptual con la medici¢n de la encuesta exige deducir de estas £ltimas las contribuciones a la seguridad social (remuneraciones netas) y los impuestos directos. Esto es posible en base a la informaci¢n sobre el valor de las contribuciones al sistema de seguridad social; las referidas al r‚gimen tradicional (de reparto) se individualizan entre los gastos de los hogares, y las del r‚gimen de capitalizaci¢n individual (de existir) deben estimarse como partidas informa- tivas de la cuenta (13). b) Excedente de explotaci¢n Se debe excluir del excedente de explotaci¢n aquel que corresponde al sector de propiedad de vivienda (arriendos efectivos e imputados), el que a su vez debiera ser objeto de un tratamiento separado en lo que se refiere a su comparaci¢n con la encuesta. De esta forma, el excedente de explotaci¢n neto, excluido el del sector de propiedad de vivienda y deducidos los impuestos directos, se asimila al concepto de ingreso primario de los trabajadores independientes, cuya medici¢n es la que se procura en las encuestas. c) Impuestos directos A las remuneraciones netas de los empleados registradas en la cuenta de los hogares es necesario todav¡a descontarle los impuestos directos, a efectos de hacerlas congruentes con el concepto de remuneraciones l¡quidas presumiblemente captado en las encuestas. Asimismo, debe hacerse lo propio respecto de las ganancias, debido a que el concepto contable tambi‚n incluye tales impuestos. Para ello se requiere desglosar los impuestos directos pagados por los hogares, y registrados en la cuenta, de manera de asociarlos (enteramente) a cada una de estas dos fuentes de ingreso. Con ese prop¢sito es necesario sistematizar la informaci¢n disponible en cada oportunidad sobre los diferentes tipos de impuesto, a fin de estimar el respectivo valor pagado por los sueldos y salarios y, por diferencia, deducir el correspondiente a las ganancias. d) Arriendos imputados y arriendos efectivos En cada uno de los a¤os para los que se estime la cuenta de los hogares, se debe incluir un conjunto de partidas informa- tivas. Entre ellas cabe contemplar los alquileres imputados por el uso de la vivienda propia o cedida, y la identificaci¢n de aquella parte del excedente de explotaci¢n del sector propiedad de vivienda que corresponde a arriendos imputados. Estos datos permiten, naturalmente, disponer del valor de los arriendos imputados y adem s calcular el de los arriendos efectivos, y hacer los mencionados ajustes al excedente de explotaci¢n para hacer compatible su comparaci¢n con el concepto de ganancia de los trabajadores independientes captado en las encuestas. i) Arriendos imputados Como se desprende de lo anterior, entre estas partidas infor- mativas se debe incluir tanto la producci¢n bruta de los arriendos imputados como su correspondiente valor agregado (excedente de explotaci¢n). La diferencia entre ambos se explica por los costos de producci¢n, que en este caso se relacionan b sicamente con los gastos de reparaciones, contribuciones de bienes ra¡ces, consumo de capital fijo, y gastos comunes (14). Ahora bien, aun cuando trat ndose del ingreso de los hogares corresponder¡a estrictamente hacer la comparaci¢n con los arriendos imputados de la encuesta seg£n el nivel de valor agregado, es razonable suponer que en la pr ctica los hogares entrevistados responden en funci¢n de lo que ellos estiman podr¡a ser el valor de arriendo de su vivienda en el caso de que ella debiera contratarse en el mercado. De modo que el monto que reportan se aproxima m s al concepto de valor de producci¢n que de valor agregado, debido a que es dable presumir que los hogares no descuentan ninguno de los ¡temes de costo se¤alados anteriormente. M s a£n, tampoco ser¡a posible calcular estos costos en base a alguna otra informaci¢n registrada en la encuesta. De all¡ entonces que, para esta corriente de ingreso no monetario, la comparaci¢n entre las magnitudes del marco de referencia y las de la encuesta se establezca normalmente seg£n el valor total de los arriendos imputados. Esto, sin perjuicio de que en el curso de esa comparaci¢n se presenten adem s otros problemas, a los cuales haremos referencia m s adelante. ii) Arriendos efectivos De acuerdo a la informaci¢n disponible en las partidas infor- mativas, ‚stos se obtienen como la diferencia entre el excedente de explotaci¢n del sector propiedad de vivienda y aquel que corresponde a los arriendos imputados. Cuando en las encuestas se investiga separadamente esta corriente de ingreso, queda abierta la posibilidad de contrastar directamente la medici¢n que de ella efect£an ambas fuentes de informaci¢n. e) Prestaciones del nuevo sistema de seguridad social El valor de las prestaciones que reciben los hogares de parte de los nuevos sistemas de seguridad social (capitalizaci¢n individual) en aquellos pa¡ses en que han sido implementados -incluido entre las partidas informativas-, se contabiliza conjuntamente con el valor de las prestaciones del r‚gimen antiguo de seguridad social que se registra en la cuenta de los hogares. Esto responde a la necesidad de hacer equivalente el concepto del marco de referencia con aquel efectivamente reportado en las encuestas. Cabe se¤alar que el hecho de que las prestaciones de este r‚gimen no figuren entre los ingresos de la cuenta, obedece a que contablemente los aportes al nuevo sistema se consideran como una transacci¢n financiera (ahorro), de modo que las prestaciones se asimilan a un retiro de fondos propios o desahorro. No obstante, en el contexto de la evaluaci¢n de los recursos disponibles del hogar, y dada la modalidad que asumen normalmente estos retiros, parece m s l¢gico sujetarlos a la consideraci¢n de ingreso corriente. De cualquier manera, es del caso recordar que ‚ste es uno de los tipos de ingreso que para los efectos del ajuste se contabiliza en t‚rminos netos, en la medida que las cotiza- ciones son simult neamente deducidas de las remuneraciones de los empleados. Un tratamiento algo distinto es el que se aplica a las transacciones con las instituciones privadas de salud previ- sional -en los casos en que existen-, en la medida que se asimilan a las compa¤¡as de seguros. Contablemente sus prestaciones se registran en el rubro de ingreso de los hogares bajo el ¡tem de indemnizaci¢n del seguro de riesgos, al tiempo que las cotizaciones de los empleados se incluyen como primas netas por seguro de riesgos y, una parte menor, como gasto de consumo final, en virtud de que se considera pago por servicio (costo administrativo y ganancia de las instituciones). De all¡ que, en funci¢n del ajuste de los ingresos de la encuesta, el valor de este tipo de prestaciones se compute tambi‚n en t‚rminos netos, dentro del conjunto de partidas que constituyen las transferencias corrientes. f) Ajuste al concepto de ingreso disponible Un punto que puede suscitar debate es si los ingresos de los hogares medidos en la encuesta debieran compatibilizarse, a nivel global, con el concepto de ingreso disponible de las cuentas nacionales, o si determinadas partidas debieran considerarse estrictamente en t‚rminos de ingreso ®bruto¯. En otras palabras, si a algunas corrientes de ingreso registradas en la cuenta de los hogares debiera descont rseles o no su contrapartida de gasto en que incurren los hogares por el mismo concepto. En concreto, esto afectar¡a a corrientes tales como los ingresos de capital en efectivo (rentas de la propiedad recibidas menos intereses y otras rentas pagadas), los seguros de riesgos (indemnizaciones recibidas menos primas netas pagadas) y las transferencias corrientes (recibidas menos las efectuadas). Al respecto, en los trabajos de la CEPAL se ha optado por operar estas variables sin descontar los respectivos gastos, en atenci¢n a que las encuestas apuntan a captar -en el mejor de los casos- el ingreso bruto correspondiente, y de ninguna manera se puede presumir que, pese a ello, los entrevistados reporten dichos ingresos en t‚rminos netos. Sobre este particular cabe tener presente tres circunstancias adicionales: la primera, de orden estrictamente pr ctico, es que el conjunto de estas corrientes de ingreso representa una proporci¢n muy baja del ingreso total de los hogares, de modo que cualquiera sea el criterio que se adopte tiene muy poca incidencia en el resultado final; la segunda, en tanto, es m s conceptual, y se refiere al hecho de que lo que interesa evaluar en la perspectiva de los estudios de pobreza es la magnitud de los recursos de que dispone el hogar, con prescindencia del destino de esos recursos, cuesti¢n esta £ltima que desde un punto de vista normativo -y especialmente para el caso de los hogares pobres- queda comprendida en las consideraciones propias de la determinaci¢n del valor de la l¡nea de pobreza (o sea, de los gastos requeridos para cubrir las necesidades b sicas), y, finalmente, que de acuerdo a la t‚cnica aplicada para corregir espec¡ficamente la subdeclara- ci¢n de los ingresos de capital medidos por las encuestas, donde s¢lo se imputan al quintil de mayores ingresos, el criterio alternativo se reflejar¡a cuando m s en una leve baja de la concentraci¢n del ingreso, pero casi no afectar¡a la medici¢n de la pobreza. Lo anteriormente descrito permite ilustrar acerca de los avances metodol¢gicos alcanzados en materia de evaluaci¢n y correcci¢n de los sesgos que afectan a la medici¢n de ingreso que realizan las encuestas de hogares. Pero, al mismo tiempo, advierte respecto a la necesidad de seguir progresando en la calidad de estos ajustes (15), conjuntamente con mejorar la confiabilidad de la informa- ci¢n, tanto de las encuestas como de las cuentas nacionales. 5. Ampliaci¢n de la cobertura del concepto de ingreso Una parte del consumo, especialmente de los sectores de bajos ingresos, proviene de transferencias del Estado, que no se captan dentro de los gastos privados que investigan las encuestas. Estas debieran incorporar los instrumentos que permitan registrar este tipo de informaci¢n. Como ya se mencion¢, el hecho de que el dato registrado en las encuestas de hogares corresponda exclusivamente al gasto en consumo privado implica que una parte de la satisfacci¢n de las necesidades b sicas no queda reflejada en esa pauta de consumo, en la medida que los hogares acceden a determinadas transferencias en forma de bienes y servicios subsidiados total o parcialmente por el Estado. En el contexto de la metodolog¡a de LP no existen, en principio, grandes dificultades conceptuales para ampliar el concepto de ingreso corriente total de los hogares hacia uno que incluya el acceso efectivo a esos servicios p£blicos gratuitos o subsidiados. Ello, por cuanto lo que involucra este £ltimo punto no es si la LP resultante incorpora o no dichos bienes y servicios, ya que su consideraci¢n expl¡cita muy probablemente disminuir¡a el coefi- ciente de Engel (aumentando, por ende, la LP) con un aumento proporcional correlativo en el ingreso de los hogares. Veamos un ejemplo simple de un hogar cuyos ingresos se sit£an al nivel de la l¡nea de pobreza: Gasto en alimentos (G.A.) = 100/200 = 0.5 (2.0) G.A. + Otros gastos privados Gasto en alimentos = 100/250 = 0.4 (2.5) Gasto total privado + Bienes P£blicos Ingreso 200 <=> Ingreso 250 De lo anterior se deduce que el problema m s bien estriba en la variabilidad de acceso de los hogares -entre ellos y a lo largo del tiempo- a los bienes y servicios p£blicos o, por contraste, en la validez del supuesto sobre una relativa estabilidad en la cuant¡a y distribuci¢n de los bienes p£blicos; de lo cual se concluye que los hogares toman sus decisiones de gasto con arreglo al sistema institucional vigente, y en consecuencia el coeficiente de Engel es adecuado para estimar el costo global del conjunto de las necesidades. Sin embargo, la situaci¢n es distinta en el plano emp¡rico. Las encuestas no proveen informacion suficiente sobre el particular. En muy pocos casos (como la encuesta CASEN de Chile, por ejemplo) se identifica a los hogares y personas beneficiados con transferencias monetarias fiscales y se les consulta acerca del monto de esas prestaciones, o bien se registra la informaci¢n suficiente como para realizar la correspondiente imputaci¢n (apoyada con datos de costo, externos a la encuesta). Desde luego, en cuanto a las transferencias no monetarias el problema es a£n mayor. El desaf¡o en esta rea lo constituye el dise¤ar y llevar a la pr ctica los instrumentos adecuados para levantar la informaci¢n a nivel de cada hogar, conjuntamente con asegurar su periodicidad. Lo que trae consigo el beneficio adicional de aportar los antecedentes necesarios para ampliar el an lisis de las condiciones de vida y realizar el seguimiento y evaluaci¢n de determinados programas sociales. 6. Medidas de pobreza La estratificaci¢n de la poblaci¢n de acuerdo a criterios de pobreza, abre la posibilidad de elaborar informaci¢n e indicadores de gran utilidad para el conocimiento del fen¢meno y de su evoluci¢n. La mayor¡a de los estudios de pobreza que se elaboran en Am‚rica Latina presentan, normalmente, resultados relativos a la identifi- caci¢n y cuantificaci¢n de los hogares pobres. Vale decir, proporcionan informaci¢n acerca de la incidencia de pobreza, desagregada por unidades geogr ficas o grupos socioecon¢micos. Son m s escasos, sin embargo, aquellos que cubren otras dimensiones del problema, tales como las brechas o ®deuda¯ de pobreza y la severidad de la pobreza (qu‚ tan pobres son los pobres). Asimismo, no es del todo usual que se divulguen antecedentes sobre el perfil o caracter¡sticas de los hogares pobres, particularmente £tiles para las tareas de diagn¢stico y dise¤o de pol¡ticas. Se han propuesto un gran n£mero de medidas de la pobreza que permiten enriquecer las posibilidades anal¡ticas de estos estudios. Entre ellas est n las que dan cuenta de la insuficiencia de ingreso de los pobres, de la magnitud del esfuerzo social requerido para superar la pobreza o, por la v¡a de la descompo- sici¢n estad¡stica de los ¡ndices, de la contribuci¢n de distintos factores a la evoluci¢n de la incidencia agregada de pobreza. Desde un punto de vista formal, cada una de estas medidas presenta ventajas y limitaciones. Sen (1976) se¤al¢ dos axiomas principales que deb¡an cumplir, como condiciones, los ¡ndices de pobreza, a saber: a) Axioma de monotonicidad. Una reducci¢n en el ingreso de un hogar pobre (ceteris paribus) debiera incrementar el ¡ndice de pobreza. b) Axioma de transferencia. Una transferencia de ingresos de un hogar pobre a otro m s rico (ceteris paribus) debiera incrementar el ¡ndice de pobreza. No todos los ¡ndices conocidos satisfacen estas condiciones. Es claro, por ejemplo, que la medida de incidencia de pobreza (H) no tiene ninguna de estas dos propiedades, en tanto que las de brechas de pobreza satisfacen el axioma de monotonicidad, pero no as¡ el de transferencia. En atenci¢n a ello, el mismo Sen propuso un ¡ndice que supera estas limitaciones: P(s) = H [ I + (1 - I) G ] donde: H = incidencia de pobreza I = brecha de ingreso (deuda media de pobreza en porcentaje -respecto a la l¡nea de pobreza) G = coeficiente de Gini de la distribuci¢n del ingreso de los pobres. Como se advierte, en este ¡ndice la incorporaci¢n del coeficiente de Gini soluciona el problema de que se mantengan inalteradas las medidas H e I cuando se producen transferencias de ingreso entre los pobres. A su vez, 0 < P(s) < 1 . De all¡ se deduce que: P(s) = H * I si todos los pobres tienen el mismo ingreso. P(s) = 0 si todas las personas tienen un ingreso mayor que la l¡nea de pobreza, y P(s) = 1 si todas las personas tienen un ingreso igual a cero. Por su parte, Foster, Greer y Thorbecke (1984) tambi‚n formularon un ¡ndice de pobreza, incorporado en una familia de ¡ndices a partir de diferentes valores del par metro ® ¯ (que representa algo as¡ como el grado de aversi¢n a la pobreza por parte de la sociedad). Cuando =0, el ¡ndice es igual a la incidencia de pobreza (H); con =1, es igual a la brecha de pobreza (H * I), en tanto que cuando =2, el ¡ndice representa la distancia media de ingreso de los pobres, al cuadrado, en relaci¢n a la l¡nea de pobreza (FGT). As¡: q 2 P(FGT) = (1/n) S [(z-y )/z] i=1 i donde: n = poblaci¢n total q = total de pobres z = l¡nea de pobreza, e y = ingreso del i-‚simo individuo pobre i Este ¡ndice cumple con los axiomas de monotonicidad y transferencia y, adem s, satisface la propiedad aditiva (y de descomposici¢n). Sin embargo, su interpretaci¢n -en cuanto al significado en s¡ y de sus cambios- no resulta del todo clara. Los ejemplos anteriores persiguen tan s¢lo llamar la atenci¢n respecto a la posibilidad e importancia de complementar el an lisis tradicional sobre la magnitud y evoluci¢n de la pobreza, mediante la incorporaci¢n de medidas y perfiles que permitan enriquecer el diagn¢stico y conocimiento acerca de la situaci¢n de los sectores pobres. Desde luego, siempre en el marco de las limitaciones que impone la naturaleza muestral de la informaci¢n y la confiabilidad de los datos de ingreso que corrientemente se utilizan en este tipo de estudios. 7. Las fuentes de informaci¢n El mejoramiento de la calidad, cobertura y pertinencia de la informaci¢n que generan las encuestas de hogares, se reitera -por muchos motivos- como un tema crucial. Paralelamente, se debiera avanzar en cada pa¡s hacia la conformaci¢n de un sistema integrado de encuestas e indicadores sociales. Finalmente, algunos comentarios de orden general sobre las fuentes de informaci¢n que se utilizan como base para la elaboraci¢n de los estudios de pobreza por el m‚todo de LP, espec¡ficamente las encuestas de hogares. Para nuestros fines es pertinente distinguir al menos tres clases de encuestas de hogares que se llevan a cabo regularmente en Am‚rica Latina, y cuya informaci¢n permite el c lculo de indicadores sociales y de pobreza. En primer lugar est n las encuestas de hogares de prop¢sitos m£ltiples, incorporadas en un programa permanente o de ejecuci¢n peri¢dica. Por este tipo de encuestas se entiende aquellas que se realizan a lo menos una vez al a¤o, cuyo m¢dulo central se orienta generalmente a la medici¢n del empleo y que, al mismo tiempo, registran informaci¢n sobre un conjunto m s amplio de caracter¡sticas de las personas (demogr ficas, de migraci¢n, educaci¢n e ingresos) y de sus viviendas. Asimismo, la mayor¡a de ellas incluye en algunas de sus rondas m¢dulos especiales, adosados al cuestionario principal de la encuesta, los que de hecho han pasado a constituir un interesante expediente -de bajo costo- que se adapta bien a las necesidades de investigaci¢n y de profundizaci¢n de ciertos temas (trabajo femenino, educaci¢n y capacitaci¢n, acceso a servicios de salud, etc.). Un segundo tipo de encuestas, que se realizan de manera menos frecuente y con periodicidad variable, son las encuestas de ingresos y gastos o de presupuestos familiares. Tambi‚n se trata de investigaciones muestrales que aportan antecedentes muy £tiles para el examen de la situaci¢n social. Normalmente contienen, adem s de ciertos atributos generales de las personas y de las viviendas, un registro detallado del ingreso y del gasto de las familias, a partir de lo cual se definen las canastas b sicas de alimentos cuyo valor se utiliza en la estimaci¢n de las l¡neas de pobreza. A su vez, efect£an un control (estad¡stico) de la estacionalidad del ingreso y de los gastos, en la medida que se entrevista a distintos hogares habitualmente a lo largo de todo un a¤o. Esto redunda en una calidad relativamente buena de la informaci¢n, a lo que tambi‚n contribuyen los instrumentos y procedimientos de captaci¢n, los m‚todos de evaluaci¢n (balance ingreso/gasto y chequeos en lugares de compra) y la selecci¢n del entrevistado (en muchos casos, informante directo). Adem s, estas encuestas suelen integrarse en el marco conceptual de las cuentas nacionales, especialmente en lo que respecta a la estructura de consumo de los hogares, y su tem tica hace posible -en alg£n grado- el estudio del comportamiento de los gastos de consumo frente al impacto de determinadas pol¡ticas econ¢micas de coyuntura. Contra el buen logro de este objetivo conspira, sin embargo, el car cter sumamente espor dico de estas investigaciones (debido, entre otros, a su alto costo), su cobertura geogr fica generalmente subnacional, su alta complejidad y el que, por lo mismo, sea dif¡cil contar con muestras tipo ®panel¯. Asimismo, su gran extensi¢n dificulta la posibilidad de profundizar en temas como la educaci¢n y la vivienda, o bien incorporar otros, como el acceso a los servicios de salud o la recepci¢n de transferencias no monetarias del Estado. Por £ltimo, cabe mencionar las encuestas preparadas especialmente para hacer un seguimiento y evaluaci¢n de las condiciones sociales y de las situaciones de pobreza en la regi¢n. Estos relevamientos, que se efect£an cada 2 ¢ 3 a¤os, est n orientados a investigar con mayor extensi¢n o profundidad determinados aspectos, como ser el impacto que tienen en diferentes sectores de la poblaci¢n las pol¡ticas y programas sociales. Un prototipo de ‚stos, que viene teniendo bastante difusi¢n e influencia en Am‚rica Latina, es la encuesta de caracterizaci¢n socioecon¢mica nacional (CASEN) de Chile. Normalmente se investiga con bastante detalle no s¢lo los recursos (ingresos) globales del hogar sino tambi‚n el acceso efectivo a determinados programas asistenciales (alimentaci¢n escolar, subsidios alimentarios o de vivienda, etc.) y a los servicios p£blicos (salud, educaci¢n, infraestructura, etc.). Ello permite medir el impacto y evaluar el grado de focalizaci¢n de esos programas, conjuntamente con el an lisis de importantes caracter¡sticas de los grupos beneficiarios, a base de informaci¢n del hogar recogida por la encuesta y no as¡ por los registros administrativos propios de cada programa. Cabe hacer notar que un n£mero importante de pa¡ses de la regi¢n cuentan con programas que comprenden dos e incluso los tres tipos de encuestas mencionadas, sujetas l¢gicamente a periodicidades distintas cada una de ellas. Sin embargo, en los £ltimos tiempos y como fruto de una creciente demanda de informaci¢n del rea social, se han evidenciado con mayor fuerza ciertos vac¡os con relaci¢n especialmente a la cobertura tem tica y a la periodicidad de las encuestas, como tambi‚n respecto a la concordancia de los datos generados por diferentes fuentes, y a la aptitud de los mismos para responder a las necesidades impuestas por las pol¡ticas y proyectos sociales. Esto ha llevado en algunos casos a la proliferaci¢n de encuestas, o bien a ampliar el contenido de los cuestionarios m s all de lo que razonablemente permite la definici¢n de cada procedimiento y las caracter¡sticas y limitaciones de los instrumentos utilizados. Un ejemplo de ello es el intento de abordar la investigaci¢n de los temas propios de las encuestas de ingresos y gastos mediante los procedimientos m s giles y baratos, pero menos eficaces, de las encuestas de prop¢sitos m£ltiples. En este sentido, junto con persistir en el esfuerzo de propender al mejoramiento de la calidad de los datos que se producen con las diferentes investigaciones, nos parece que se debiera tender a aclarar mayormente las potencialidades de cada tipo de encuesta fomentando una cierta especializaci¢n, pero en un marco de coherencia y complementariedad entre ellas (sistema integrado). Esto debiera implicar que en aquellos pa¡ses en los cuales no existe una o m s de estas encuestas, que son la mayor¡a en la regi¢n, debiera avanzarse en completar el sistema. La diversidad de situaciones que presentan los pa¡ses determinar que en algunos casos el ‚nfasis sea puesto en lograr la continuidad y elevar la calidad de la encuesta de prop¢sitos m£ltiples, ampliando su cobertura geogr fica y fortaleciendo el soporte institucional. En otros, en tanto, cobrar relevancia la realizaci¢n de una nueva encuesta de ingresos y gastos, o bien el dise¤o y puesta en pr ctica de una investigaci¢n sobre las condiciones de vida de la poblaci¢n. En los m s avanzados, por su parte, lo central estar en mejorar la coherencia e integraci¢n de todos estos instrumentos. Bibliograf¡a ù Altimir, O. (1975), ®Estimaciones de la distribuci¢n del ingreso en Am‚rica Latina por medio de encuestas de hogares y censos de poblaci¢n. 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