A los importantes adelantos en la situación de hombres y mujeres, y en el marco de las suce1u sivas crisis económicas y políticas, se sumó la ampliación del movimiento social que incluyó a diversos estamentos de la sociedad, entre los cuales se distingue la participación femenina. Esta importante participación en el movimiento social procedía sobre todo de los sectores más empobrecidos y se realizó principalmente desde las organizaciones de supervivencia, las cuales, mediante el esfuerzo solidario, buscaron paliar los estragos de la crisis económica creciente en sus familias.

Los mayores niveles de desarrollo de las mujeres así como su participación protagónica en los movimientos sociales, permitieron el nacimiento de nuevos e importantes liderazgos. Sin embargo, como se aprecia en el cuadro anterior, ello no implicó el incremento proporcional de la participación de las mujeres en los puestos de decisión política, como expresión de la esperada marcha hacia la participación equitativa en los procesos de toma de decisiones públicas. Estos cargos continuaron mayoritariamente en manos masculinas, relegándose a las mujeres a roles de apoyo, muchas veces de prolongación de su rol materno, como expresión de la vigencia de patrones de género segregativos, en los que a las mujeres sólo les competía funciones subordinadas.

En este campo, el primer escollo a saltar ha sido (y posiblemente continúe siéndolo), la existencia de grupos de poder excluyentes en los partidos políticos, que en muchos casos todavía ven con temor y como competencia el liderazgo femenino. La poca transparencia en los mecanismos de selección de las candidaturas, su ubicación en las listas y las concepciones restrictivas de la democracia -que la reducen al exclusivo ejercicio del acto de sufragio- es el difícil terreno en el que las mujeres pugnan por una cuota de poder.

Este escollo se prolonga de los partidos políticos a las distintas esferas de decisión del Estado, pues son esos mismos grupos de poder partidarios los que después de los procesos electorales han asumido los cargos de mayor jerarquía, relegando a las mujeres a posiciones secundarias o colocando a muy pocas de ellas en funciones de decisión, haciéndolo muchas veces con fines estrictamente electorales.

Sin embargo, el escollo más importante se presenta en la misma población, pues, finalmente es ella la que realiza el ejercicio electoral. Si bien diversos estudios refieren que se percibe en la población electoral disposición a "elegir" no en función del sexo sino a la "capacidad" y la "experiencia", lo real es que esas características son generalmente atribuidas a los hombres. Ello obedecería sobre todo a que son ellos quienes han tenido las mayores oportunidades de ejercitar históricamente la toma de decisiones.

En la búsqueda de caminos que contribuyan a promover el acceso equitativo al ejercicio del poder político en cargos elegidos, es que la representación nacional en el Congreso de la República, luego de importantes conversaciones y debates, aprobó la Ley Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26859 el 29 de setiembre de 1997 y la Ley de Elecciones Municipales, Ley Nº 26864 el 13 de octubre del mismo año. En dichos instrumentos legales se incluyen claros dispositivos que ordenan que las listas que postulan al Congreso y a las Municipalidades tienen que ser necesariamente mixtas e incluir no menos del 25% a mujeres.

La "Ley de Cuotas", como se ha denominado a este dispositivo, cuyo objeto es el contribuir a corregir desigualdades labradas en la historia de nuestro país, ya ha tenido sus primeros resultados en los comicios municipales de 1998, al cambiar de manera importante la representación femenina en los órganos de poder municipal.