|
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ 3.1 LA MEDICION DE LA POBREZA SEGUN EL METODO DE INGRESO: ³
³ NOTAS PARA DISCUSION ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Juan Carlos Feres
Comisi¢n Econ¢mica para Am‚rica Latina y el Caribe (CEPAL)
Santiago, Chile
I. INTRODUCCION
En Am‚rica Latina se utilizan preferentemente dos aproximaciones
metodol¢gicas para la medici¢n y caracterizaci¢n de la pobreza: el
llamado ®m‚todo del ingreso¯ o de las ®l¡neas de pobreza¯ (LP) y
el m‚todo directo de los indicadores sociales, cuya modalidad m s
difundida en los £ltimos a¤os han sido los denominados ®mapas de
necesidades b sicas insatisfechas¯ (NBI).
Como se sabe, ambos m‚todos responden a enfoques conceptuales
diferentes, al punto que ®no constituyen, en realidad, formas
alternativas de medir la misma cosa, sino que representan dos
concepciones distintas de la pobreza¯ (Sen, 1981). Estos se basan,
en un caso, en la noci¢n de capacidad para satisfacer las
necesidades esenciales y, en el otro -el m‚todo directo-, en la
observaci¢n del consumo real de las personas con relaci¢n a
determinadas convenciones sobre necesidades m¡nimas. Sin embargo,
los dos revisten gran inter‚s y contribuyen significativamente a
las tareas de diagn¢stico de la pobreza.
La fuente principal de informaci¢n de los mapas de NBI son los
censos de poblaci¢n y vivienda, en tanto que las estimaciones por
LP se elaboran sobre la base de las encuestas de hogares. A su
vez, cada uno de ellos cuenta naturalmente con un esquema
metodol¢gico y una cierta matriz operacional. No obstante, su
aplicaci¢n concreta suele discurrir por variantes que no siempre
se explican del todo, por las consabidas limitaciones en materia
de informaci¢n. Esto lleva a que con alguna frecuencia los
resultados que arrojan diversos estudios, que utilizan aparen-
temente el mismo m‚todo y las mismas fuentes de datos, en especial
aquellos realizados con el enfoque de la LP, difieran en la
magnitud de la pobreza estimada (a veces en medida considerable),
como tambi‚n en cuanto a las caracter¡sticas de los hogares que
son clasificados como pobres, con el evidente desconcierto que
ello provoca entre los analistas y la opini¢n p£blica en general.
Tales discrepancias inciden en la credibilidad y confiabilidad
t‚cnica de estas mediciones, ponen en cuesti¢n las evaluaciones
que se realizan del nivel y evoluci¢n de la pobreza, y dificultan
las comparaciones internacionales.
Los esfuerzos por superar este problema pasan, obviamente, por
cuidar en cada investigaci¢n la transparencia y acuciosidad con
que se explicitan los conceptos, criterios y supuestos utilizados,
as¡ como las fuentes de informaci¢n y el tratamiento a que se
someten los datos, de manera de hacer posible un riguroso examen e
interpretaci¢n de sus resultados.
Pero ello no basta. Se requiere, al mismo tiempo, generar entre
los investigadores un mayor consenso en cuanto a los procedimien-
tos que se aplican en las diferentes etapas del proceso de
estimaci¢n, a fin de encaminarse hacia un padr¢n com£n capaz de
elevar la consistencia y homogeneidad de las mediciones y
garantizar una efectiva comparabilidad de las mismas. Lo cual se
complementa, desde luego, con la necesidad de seguir profundizando
en lo que respecta a la verdadera utilidad, alcances y
limitaciones de la informaci¢n que surge de la aplicaci¢n de estos
m‚todos, en funci¢n de los requerimientos para el an lisis y la
toma de decisiones en el campo social (vg. diagn¢stico, definici¢n
de grupos focales y dise¤o, seguimiento y evaluaci¢n de impacto de
las pol¡ticas y programas orientados a la superaci¢n de la
pobreza). Aunque esto forma parte de un debate ya tradicional en
Am‚rica Latina y bastante se ha avanzado al respecto, creemos que
es posible ampliar todav¡a m s el espacio de operacionalizaci¢n
com£n de conceptos y m‚todos; esto, sin perjuicio de que por su
naturaleza y complejidad haya que admitir siempre un cierto grado
de diversidad en esta materia, e incluso se estime aconsejable que
as¡ sea.
En esta nota se rese¤an y discuten brevemente algunos aspectos del
m‚todo de LP, de car cter exclusivamente metodol¢gico, que inciden
en la identificaci¢n de los hogares pobres y en el c lculo de la
extensi¢n de la pobreza, y que pueden ser £tiles a este prop¢sito.
Su relevancia ya ha sido puesta de manifiesto en la vasta
literatura que sobre el particular se ha generado en la regi¢n en
los £ltimos a¤os, por lo que debieran merecer una especial
consideraci¢n en las investigaciones futuras sobre el tema.
II. REFERENCIAS AL METODO DEL INGRESO
Centraremos los comentarios en torno a siete elementos: las
diferencias que se establecen en el costo de la canasta b sica de
alimentos; el procedimiento de c lculo del valor de los
satisfactores no alimentarios; el uso de medidas de equivalencia
para los hogares de diferente tama¤o y composici¢n; la evaluaci¢n
de confiabilidad de la medici¢n del ingreso corriente; los
problemas asociados a la ampliaci¢n de la cobertura del concepto
de ingreso; las medidas de pobreza, y, finalmente, algunos
alcances sobre las fuentes de informaci¢n que se emplean en este
tipo de estudios.
Por lo tanto, no se abordan en esta oportunidad los elementos
relativos a la dimensi¢n propiamente conceptual del m‚todo del
ingreso, lo que no implica desconocer que ‚sta representa una
materia de la mayor importancia y que, en ocasiones, puede
constituir una fuerte condicionante de las opciones en el plano
metodol¢gico.
1. Canasta b sica de alimentos (CBA)
Aun aplicando la misma metodolog¡a para la construcci¢n y
valoraci¢n de la canasta b sica de alimentos, es habitual que se
establezcan costos distintos de CBA, debido a diferencias en la
informaci¢n y en los criterios y procedimientos que se utilizan.
Esto lleva a considerar que en los estudios de pobreza se trabaje
m s bien con un intervalo de valores y no con un valor £nico.
La determinaci¢n del valor de la CBA, representativo del costo de
satisfacci¢n de las necesidades b sicas de alimentaci¢n en un
momento y lugar determinados, comporta un proceso de varias etapas
que demanda el uso de gran cantidad de informaci¢n. En Am‚rica
Latina esto se ha asumido principalmente en el marco de lo que
podr¡a se¤alarse como los lineamientos de la CEPAL: definici¢n de
canastas cuyo nivel y composici¢n satisfagan las necesidades
nutricionales y reflejen los h bitos de consumo prevalecientes en
la sociedad (ajuste a las preferencias del consumidor), en
concordancia con la oferta interna de productos alimentarios y sus
precios relativos Para su valoraci¢n se utilizan, en tanto, los
precios de cada art¡culo recolectados para el c lculo del ¡ndice
de precios al consumidor (IPC) (CEPAL, 1991).
Pese a que en la regi¢n esta metodolog¡a goza de una aplicaci¢n
relativamente generalizada, y que la misma detalla los procedi-
mientos que ordenan las diferentes fases de la estimaci¢n, cada
ejercicio concreto se enfrenta a situaciones particulares, por
insuficiencias de la informaci¢n u otras razones, que inciden
finalmente en el costo de la canasta b sica de alimentos. De modo
que resulta casi inevitable arribar a valores diferentes, no s¢lo
entre distintos investigadores sino incluso en el contexto de un
mismo estudio, en correspondencia con los caminos alternativos que
se sigan en cuanto a criterios, supuestos y tratamiento de los
datos de base. A su vez, valores distintos de la CBA, conocidos
tambi‚n como l¡neas de indigencia (LI) o de pobreza extrema, se
traducen directamente en diferencias en la extensi¢n de la pobreza
estimada.
El problema es todav¡a m s agudo en aquellos casos en que la
informaci¢n con que se cuenta es manifiestamente d‚bil o
incompleta, como suele ocurrir en algunas reas urbanas y en las
reas rurales de nuestros pa¡ses, lo que obliga a conducir el
an lisis apoyado en meras hip¢tesis o apreciaciones conjeturales.
Ahora bien, no obstante estar conscientes de ello, por lo general
tendemos a trabajar, impl¡cita o expl¡citamente, bajo el supuesto
de que el costo de la CBA representa un valor puntual, de alta
precisi¢n. Y lo mismo hacemos luego, por ende, con el valor del
¡ndice de pobreza.
En atenci¢n a esta variabilidad (1), pareciera m s razonable
establecer este costo en funci¢n de un intervalo y no adoptarlo
necesariamente como un valor espec¡fico. La contrapartida obvia
es que esto dificulta un tanto los an lisis respecto de los
cambios que experimenta la pobreza en el tiempo, sobre todo cuando
son de magnitud m s bien peque¤a, pero el beneficio es una mayor
coherencia con el grado de exactitud con que efectivamente se
obtienen estas estimaciones. Puesto as¡, el problema ser¡a
entonces c¢mo determinar la amplitud del citado intervalo.
La tarea es, sin duda, eminentemente emp¡rica. Dejando de lado
los aspectos netamente estad¡sticos, los m¡nimos y m ximos del
intervalo debieran ser la resultante de la sensibilidad del costo
de la CBA a valores alternativos -dentro de rangos razonables- de
ciertos par metros relevantes que intervienen en su estimaci¢n.
Entre esos factores de mayor incidencia cabe mencionar aquellos
que guardan relaci¢n con los requerimientos nutricionales de los
diferentes grupos seg£n sexo, edad y actividad, dado que la
canasta se ajusta a las necesidades promedios de la poblaci¢n; la
estructura de consumo impl¡cita en la CBA y la cantidad f¡sica de
cada producto que la compone, y los precios a los cuales se valora
dicha canasta.
Entre otros, es posible identificar -en el primer caso- elementos
tales como la talla, y por consiguiente el peso, de las personas
adultas, necesarios para calcular la" tasa de metabolismo basal"
(energ¡a) o el requerimiento prote¡nico; la distribuci¢n horaria
dedicada a las diferentes actividades predominantes (ligeras,
moderadas y pesadas), especialmente entre la poblaci¢n adulta, y
los gastos energ‚ticos brutos correspondientes a cada actividad.
En el segundo, sobre la estructura de consumo, est n los aspectos
relativos a la selecci¢n del grupo de referencia para evaluar los
h bitos de la poblaci¢n; el tratamiento del consumo ®fuera del
hogar¯ (modalidad de adquisici¢n de los alimentos), y los
supuestos relativos a la evoluci¢n de los patrones de gasto,
cuando no se dispone de encuestas recientes sobre el particular.
Y, por £ltimo, respecto de los precios, la selecci¢n de aquellos
que se estimen pertinentes para valorar la CBA (medios, m¡nimos,
los que pagan los sectores pobres, etc.); diferencias entre
regiones o reas, a falta de informaci¢n detallada, e ¡ndice
v lido para la actualizaci¢n del valor de la canasta (IPC de
alimentos, IPC de los pobres, o precios por producto).
Diversos estudios de la CEPAL y de otros autores (2) han simulado
el efecto de algunos de estos factores. Por ejemplo, hay an lisis
de sensibilidad de las necesidades promedios de energ¡a de toda la
poblaci¢n ante variaciones en sus elementos determinantes. As¡,
cambios en la talla de la poblaci¢n adulta de m s o menos 2 cm,
inciden en variaciones -positivas o negativas- de las necesidades
cal¢ricas que llegan a lo sumo a 22 Kcal/d¡a por persona (menos de
1% del requerimiento total). Distintas hip¢tesis sobre distribu-
ci¢n horaria dedicada a las diferentes actividades predominantes
afectan, por su parte, en no m s de 26 Kcal/d¡a por persona. Y el
impacto de diferentes valores de los gastos energ‚ticos brutos
correspondientes a cada actividad se mueve entre -1.2% y +0.7%(3).
Del mismo modo, en ciertos pa¡ses y en determinados per¡odos, las
diferencias en el costo de la CBA derivadas de utilizar uno u otro
¡ndice de precios para actualizar su valor, han resultado m¡nimas
o de poca significaci¢n.
No obstante, la evidencia de que se dispone es a£n muy insufi-
ciente y no siempre aporta resultados concluyentes. Adem s, se
requieren esfuerzos adicionales para alcanzar un cierto grado de
formalizaci¢n, que permita establecer algo as¡ como el efecto neto
del conjunto de factores que inciden en la variabilidad del valor
de la canasta b sica de alimentos. Esta es, por tanto, una de las
reas en que se debe seguir trabajando.
2. Gastos no alimentarios
La estructura del gasto var¡a, entre otros factores, en funci¢n
del tama¤o y la composici¢n del hogar y de las etapas del ciclo de
vida familiar. De modo que, m s que aplicar un coeficiente
(promedio) de gasto en bienes no alimentarios para todos los
hogares de un grupo pertinente de ingresos, debiera tenderse hacia
®un juego de coeficientes¯. Asimismo, cuando no se dispone de
datos recientes sobre la distribuci¢n del gasto, dichos coefi-
cientes debieran actualizarse al menos de acuerdo a la evoluci¢n
de los precios relativos entre los alimentos y los dem s productos
de consumo.
En el marco del m‚todo de LP, la manera habitual de determinar el
costo de satisfacci¢n de las necesidades no alimentarias es de
tipo normativo. Se basa en la relaci¢n observada entre los gastos
en alimentaci¢n y los gastos totales de consumo (coeficiente de
Engel) en los distintos estratos de hogares, especialmente en
aquellos que pertenecen al denominado grupo de referencia (hogares
cuyo gasto en alimentos es ligeramente superior al presupuesto
b sico establecido) (4).
Al respecto se han destacado a lo menos dos implicaciones
conceptuales. En primer lugar, que lo anterior supone que los
hogares que logran cubrir adecuadamente sus necesidades de
alimentaci¢n, satisfacen al mismo tiempo los est ndares m¡nimos de
las otras necesidades b sicas (5). En segundo lugar, que el hecho
de que el dato registrado en las encuestas corresponda exclusiva-
mente al gasto en consumo privado implica que una parte de la
satisfacci¢n de las necesidades b sicas no queda reflejada en esa
pauta de consumo, en la medida que los hogares acceden a bienes y
servicios subsidiados total o parcialmente por el Estado (CEPAL,
1990) (6).
Sin embargo, lo que queremos resaltar ac es un asunto distinto.
Admitido el coeficiente de Engel como norma a partir de la cual
se establece el costo de los satisfactores no alimentarios, surge
el problema de las diferencias en el valor de este coeficiente
entre los distintos tipos de hogares de un estrato de referencia
(7). Diferencias que tienen que ver principalmente con el tama¤o
y la composici¢n del hogar, y con las etapas del ciclo de vida por
las que ‚ste atraviesa.
Un ejemplo de ello lo encontramos en los resultados del an lisis
efectuado por Feres y Le¢n (1987), a partir de los datos de la
encuesta de ingresos y gastos de Colombia de 1984-1985, que
ilustran acerca de las diferencias que existen en la estructura
del gasto no alimentario, en sus principales rubros, entre hogares
de similar nivel de ingreso pero de distinta composici¢n. As¡,
para el conjunto de hogares de Bogot , Cali y Medell¡n que
conformaban el 2§. cuartil de gasto per c pita, se observaron
diferencias en la proporci¢n del gasto destinado a transporte,
educaci¢n, salud y vivienda. Respecto de este £ltimo ¡tem, los
hogares constituidos por parejas j¢venes, sin hijos, destinaban en
promedio cerca de un 20% del gasto a vivienda, en tanto que en los
hogares de parejas de mayor edad con dos hijos dicho porcentaje
era de un 15%. Las diferencias que se observaron en la proporci¢n
del gasto en alimentaci¢n fueron a£n mayores.
De modo que el hecho de que el costo de atender las necesidades no
alimentarias var¡e a lo largo de las etapas del ciclo de vida
familiar, seg£n el tama¤o y la composici¢n del hogar, as¡ como en
funci¢n de otros factores tales como la cuant¡a del patrimonio
acumulado y el grado de acceso a servicios p£blicos, amerita un
cierto an lisis pormenorizado de estos cap¡tulos del gasto, el
cual podr¡a derivar -al igual que para la alimentaci¢n- en
eventuales coeficientes espec¡ficos para distintos tipos de
hogares.
Sin embargo, este es un aspecto que debiera tambi‚n tener su
expresi¢n en el mbito de las denominadas ®escalas de equiva-
lencias¯ que se analizan en el punto siguiente, y a lo mejor es a
trav‚s de ellas que debieran recogerse completamente los efectos
relativos a las diferencias de composici¢n y de las econom¡as de
escala de los hogares, impl¡citas en el perfil de sus gastos de
consumo. Por otra parte, en virtud de la baja periodicidad con que
se realizan las encuestas de presupuestos familiares, es necesario
contar con alg£n criterio que permita ®actualizar¯ la estructura
de gastos de los hogares. En ausencia de otra informaci¢n, y sin
recurrir a sofisticados c lculos de elasticidad, una v¡a dispo-
nible parece ser el tomar en consideraci¢n la evoluci¢n de los
precios de los diferentes cap¡tulos del gasto y ponderar, en cada
momento, el coeficiente original por la diferencial de cambio en
los precios relativos. La experiencia de los £ltimos a¤os en la
mayor¡a de los pa¡ses de la regi¢n en cuanto, por ejemplo, a la
disparidad con que se han modificado los precios de los bienes
transables y no transables, o las tarifas de los servicios
p£blicos versus precios de los alimentos, justifican con creces un
procedimiento de este tipo.
Un asunto distinto (y que no veremos ac ) es, por cierto, el c¢mo
determinar los coeficientes de gasto en alimentaci¢n en aquellas
reas de las cuales no se tiene ninguna clase de informaci¢n,
situaci¢n en que se encuentra gran parte de las zonas rurales de
Am‚rica Latina.
3. Medidas de equivalencia
El uso de valores expresados per c pita es necesario, pero
claramente insuficiente. Las importantes diferencias entre los
hogares en determinados atributos claves, hace aconsejable evaluar
sus necesidades y sus recursos en unidades de equivalencia. No
obstante, se est lejos de disponer de buenas medidas en este
sentido.
En los estudios de pobreza se utilizan normalmente las unidades
per c pita para expresar tanto los valores de las l¡neas como los
recursos de que dispone el hogar para satisfacer sus necesidades
b sicas. Con ello se da cuenta del hecho de que el nivel de
bienestar depende estrechamente del n£mero de miembros de la
familia. Sin embargo, como ya se dijo, en rigor la l¡nea de
pobreza -o el ingreso- debiera reconocer adem s las econom¡as de
escala asociadas a diferentes tama¤os de hogar, los efectos de la
particular composici¢n de sus integrantes (sexo, edad u otra
caracter¡stica relevante), as¡ como la estructura de consumo que
acompa¤a a las distintas fases o etapas del ciclo de vida
familiar. El conjunto de estos elementos es lo que tendr¡a que
resumirse en las denominadas ®escalas de equivalencia¯ entre los
hogares (8).
La utilizaci¢n o no de este tipo de escalas en los diversos
estudios redunda en discrepancias en sus resultados, no s¢lo en
cuanto a la extensi¢n de la pobreza sino, especialmente, en lo que
respecta a la identificaci¢n de los hogares pobres. Como ejemplo,
baste se¤alar que muchos hogares de ingresos medios pero de gran
tama¤o (y por ende con fuerte presencia de ni¤os), podr¡an cambiar
su clasificaci¢n de pobres a no pobres si se tomara en cuenta las
equivalencias que les son aplicables.
Con todo, debe reconocerse que estas escalas son dif¡ciles de
obtener y, aun cuando existen algunas propuestas concretas, se
considera que hasta ahora son muy parciales e imperfectas. Tres
son los m‚todos principales que se utilizan para obtenerlas:
a) Encuestas de valoraci¢n de las necesidades individuales
(introduce elementos subjetivos);
b) Investigaci¢n emp¡rica del comportamiento del gasto de los
hogares (usando alg£n indicador de bienestar, como el
coeficiente de Engel, para hogares de diferente tama¤o y
composici¢n), y
c) Estudios de base nutricional (y psicol¢gica).
Naturalmente, los distintos m‚todos conducen a resultados tambi‚n
distintos.
Para ilustrar la gran disparidad que se puede producir a este
respecto, a continuaci¢n se presentan cuatro escalas actualmente
en uso en diferentes pa¡ses:
Escala de Amsterdam (usada en los estudios de gastos de consumo
en el Reino Unido):
Hombre Mujer
18 a¤os y m s 1.00 0.90
14 - 17 a¤os 0.98 0.90
< 14 a¤os 0.52 0.52
OECD 1/ OECD
modificada 2/
Primer adulto 1.0 1.0
Persona adicional > 14 0.7 0.5
Persona adicional < 14 0.5 0.3
1/ Arbitraria, pero m s realista que el per c pita.
2/ Compromiso entre la de la Organizaci¢n de Cooperaci¢n y
Desarrollo Econ¢micos (OECD) y la escala subjetiva.
Escala subjetiva:
Primer adulto 1.000
Segunda persona 0.232
Tercera persona 0.159
Cuarta persona 0.126
Quinta persona 0.105
Sexta persona 0.091
Como se advierte, unas y otras pueden llegar a ser muy diferentes,
al punto de alterar significativamente los resultados que se
obtengan en un estudio de pobreza. De modo que tampoco basta
aplicar una escala (frente a no hacerlo), sino que es muy
importante conocerla espec¡ficamente, y evaluar sus antecedentes y
razonabilidad.
Un criterio utilizado en Am‚rica Latina para elaborar escalas de
equivalencia pero v lido tan solo a nivel del consumo alimentario,
es aquel que se deriva de las necesidades energ‚ticas de cada
individuo (CEPAL, 1991). Con su aplicaci¢n es posible tomar en
cuenta las necesidades diferentes de alimentaci¢n de los distintos
miembros del hogar, pero no incorpora expl¡citamente las posibles
econom¡as de escala en el consumo de alimentos. Con mayor raz¢n,
no se puede considerar este criterio como base suficiente para
extrapolarlo al conjunto de los gastos de consumo. De todas
maneras, su utilidad es indudable en el ¡tem de consumo
alimentario, por lo que en el cuadro siguiente se presenta un
ejemplo de este tipo de escala, a partir de los requerimientos de
una persona de 31 a 60 a¤os de edad, de sexo masculino y con
actividad moderada.
Escala a base de las necesidades energ‚ticas (Per£)
Categor¡as sociodemogr ficas Hombres Mujeres
Menores de 1 a¤o 0.274 0.253
1 a 3 a¤os 0.502 0.469
4 a 6 a¤os 0.651 0.587
7 a 9 a¤os 0.748 0.660
10 a 13 a¤os 0.825 0.728
14 a 17 a¤os 0.990 0.774
18 a 30 a¤os
Actividad ligera 0.883 0.701
Actividad moderada 0.994 0.722
Actividad pesada 1.143 0.761
31 a 60 a¤os
Actividad ligera 0.888 0.725
Actividad moderada 1.000 0.747
Actividad pesada 1.150 0.787
Mayores de 60 a¤os
Actividad ligera 0.729 0.659
Actividad moderada 0.821 0.679
Actividad pesada 0.944 0.715
Fuente: CEPAL, 1988.
En consecuencia, pese a reconocer la imperiosa necesidad de
incorporar este elemento en la metodolog¡a de los estudios de
pobreza, es poco a£n lo que se puede proponer s¢lidamente al
respecto. Constituye, por lo tanto, otro tema que debiera formar
parte de la agenda de investigaci¢n metodol¢gica en este campo de
los pa¡ses de la regi¢n.
4. Confiabilidad de la medici¢n del ingreso
Evaluar la calidad de las mediciones de ingreso de las encuestas
de hogares es una tarea central en las estimaciones de pobreza por
LP. Junto con avanzar hacia una mayor cobertura y precisi¢n de los
datos primarios, es posible mejorar a£n m s los procedimientos
para la correcci¢n y ajuste de esos ingresos.
Entre los m£ltiples aspectos que investigan las encuestas de
hogares, no cabe duda que uno de los m s controversiales es el de
la calidad de las mediciones de las distintas corrientes de
ingresos que reciben las personas y las familias. Existe un amplio
consenso en que ellas adolecen de sesgos generalmente subestima-
tivos, aun cuando tal consenso no siempre se extienda a la manera
en que ellos se determinan y a la magnitud de los mismos. En los
estudios de pobreza, que representan un corte normativo en la
distribuci¢n del ingreso, es imprescindible hacer un intento por
evaluar estos sesgos y corregirlos. De lo contrario, ellos se
reflejan autom ticamente en la extensi¢n de la pobreza estimada.
Pese a que las encuestas m s frecuentemente utilizadas para estos
fines forman parte -en casi todos los pa¡ses- de un programa
regular y de ejecuci¢n permanente, con sus contenidos y procesos
altamente estandarizados, no hay antecedentes suficientes que
avalen la tesis de una relativa estabilidad de estos sesgos en la
sucesivas rondas de la encuesta (9). Por el contrario, en muchos
casos la evidencia que se ha podido generar tiende a contradecir
-y a veces abiertamente- la idea de un posible "congelamiento" de
tales sesgos. No queda otra alternativa, por tanto, que evaluar en
cada encuesta la confiabilidad de la medici¢n del ingreso y
procurar la correcci¢n de los m rgenes de subestimaci¢n.
Los sesgos pueden ser de distinto tipo. Algunos se relacionan con
el c racter muestral de la investigaci¢n (insufiencia o mala
calidad del marco muestral, problemas de cobertura, rechazos,
variabilidad estad¡stica, etc.), en tanto que otros se derivan m s
bien de determinadas contingencias de errores ajenos al muestreo
(Altamir, 1975). Los primeros se suponen manejados en el marco de
cada encuesta, y son generalmente evaluados por el responsable de
la misma; los segundos, en cambio, constituyen sobre todo errores
de respuesta que suelen ser m s dif¡ciles de detectar, no siempre
son completamente imputables al responder y su correcci¢n resulta
compleja. Adem s, estos £ltimos representan usualmente la mayor
proporci¢n dentro del error total de estimaci¢n.
Para nuestros prop¢sitos interesan especialmente los problemas de
no respuesta, de cobertura incompleta del concepto de ingreso
investigado, y de subdeclaraci¢n.
La falta de respuesta a determinadas preguntas de ingreso puede
llegar a ser significativa en una encuesta, al punto que
distorcione los resultados y abulte artificialmente los ¡ndices de
pobreza (y particularmente los de indigencia) 10. Es necesario,
por ende, efectuar las imputaciones correspondientes, de acuerdo a
los atributos de cada receptor que no declar¢. Esto es perfecta-
mente posible en la mayor¡a de los casos y la propia encuesta
aporta informaci¢n para ello, utilizando como base los ingresos
reportados por las personas u hogares de similares caracter¡sticas
(11).
Un criterio alternativo es obviamente excluir de la muestra, para
todo lo relacionado con las variables de ingreso, a aquellos que
no reportan su valor. Si lo anterior se acompa¤a de los ajustes
muestrales pertinentes (reemplazos o cambios en los factores de
expansi¢n) no hay problema; pero, de no ser as¡, alterar¡a la
representatividad de la encuesta, o bien obligar¡a a ampararse en
el supuesto de que las personas que se excluyen de la muestra
tienen la misma distribuci¢n y caracter¡sticas de las que
permanecen en ella, lo que constituye un supuesto fuerte que al
menos requiere del respaldo de investigaciones de campo, que por
lo general no se realizan en Am‚rica Latina.
Completar el concepto de ingreso investigado en las encuestas,
para compatibilizarlo con el ingreso corriente total de los
hogares, tambi‚n opera por el mecanismo de la imputaci¢n. Pero
este caso es distinto al anterior; no s¢lo se requiere identificar
a los probables perceptores de cada clase de ingreso no
investigado, sino adem s generar una estimaci¢n del monto global o
promedio de esos ingresos a partir de datos de una fuente ex¢gena
a la encuesta que, como se ver , est constituida por las cuentas
nacionales. Asimismo, se debe contar con algunos criterios que
permitan distribuir esos ingresos entre los perceptores. En la
pr ctica, lo que se verifica es que a veces se dispone de
informaci¢n en la encuesta como para identificar a esos receptores
y distribuir los ingresos, y otras s¢lo es posible hacer una
asignaci¢n gruesa y muy conjetural. Sin embargo, aun en esta
situaci¢n es claramente preferible realizar las correcciones,
minimizando as¡ el riesgo de sobreestimar los ¡ndices de pobreza.
Por su parte, el an lisis de confiabilidad de los ingresos y la
evaluaci¢n de los probables sesgos de subdeclaraci¢n, tambi‚n
requieren de un patr¢n de referencia cuantitativo, independiente
de la encuesta misma, que provea estimaciones de los diversos
tipos de ingreso de los receptores y sirva de punto de contraste
sobre bases comparables. Este papel se le asigna normalmente a las
cuentas nacionales.
Hasta ahora la mayor¡a de los pa¡ses de Am‚rica Latina no elabora
regularmente la cuenta de ingresos y gastos de los hogares del
sistema de cuentas nacionales (SCN), o no lo hace con el grado de
desagregaci¢n deseado. A su vez, son de sobra conocidas las
cr¡ticas que se formulan a la precisi¢n y confiabilidad de las
propias cuentas nacionales, lo que podr¡a poner en tela de juicio
su utilizaci¢n como marco de referencia para evaluar las
encuestas. No obstante, es indiscutible que se trata del £nico
sistema estad¡stico que ofrece una evaluaci¢n y conciliaci¢n en
detalle de los datos provenientes de m£ltiples fuentes, en el
contexto de un marco conceptual coherente y de aplicaci¢n
sistem tica.
De all¡ que el punto sea m s bien c¢mo mejorar progresivamente la
disponibilidad, calidad, nivel de desagregaci¢n y rigor conceptual
de la cuenta de los hogares, y no limitarse solamente a impugnar
su validez. En esta l¡nea se podr¡an inscribir, por ejemplo, los
esfuerzos de la CEPAL por incentivar a los pa¡ses a que asuman
esta tarea, colaborando en el desarrollo metodol¢gico e incluso
aportando sus propias estimaciones.
El siguiente paso es definir los criterios y procedimientos para
llevar a cabo el ajuste de los ingresos de la encuesta (12).
Partiendo de la base de que la magnitud de la subestimaci¢n de
cada tipo de ingreso viene dada por su diferencia respecto al
monto de similar corriente registrado en las cuentas nacionales,
un primer problema que enfrentar es el de la conciliaci¢n de
conceptos entre ambas fuentes. Como elementos relevantes, en este
sentido, podr¡amos mencionar:
a) Remuneraciones de los empleados
De acuerdo al procedimiento, las encuestas investigan los
ingresos del trabajo, y en particular las remuneraciones de
los empleados, generalmente como ingreso l¡quido; vale decir,
lo que efectivamente recibe el trabajador luego de efectuados
los descuentos legales. Por su parte, en la cuenta de los
hogares se consignan las remuneraciones brutas, de manera que
la equivalencia conceptual con la medici¢n de la encuesta
exige deducir de estas £ltimas las contribuciones a la
seguridad social (remuneraciones netas) y los impuestos
directos.
Esto es posible en base a la informaci¢n sobre el valor de las
contribuciones al sistema de seguridad social; las referidas
al r‚gimen tradicional (de reparto) se individualizan entre
los gastos de los hogares, y las del r‚gimen de capitalizaci¢n
individual (de existir) deben estimarse como partidas informa-
tivas de la cuenta (13).
b) Excedente de explotaci¢n
Se debe excluir del excedente de explotaci¢n aquel que
corresponde al sector de propiedad de vivienda (arriendos
efectivos e imputados), el que a su vez debiera ser objeto de
un tratamiento separado en lo que se refiere a su comparaci¢n
con la encuesta.
De esta forma, el excedente de explotaci¢n neto, excluido el
del sector de propiedad de vivienda y deducidos los impuestos
directos, se asimila al concepto de ingreso primario de los
trabajadores independientes, cuya medici¢n es la que se
procura en las encuestas.
c) Impuestos directos
A las remuneraciones netas de los empleados registradas en la
cuenta de los hogares es necesario todav¡a descontarle los
impuestos directos, a efectos de hacerlas congruentes con el
concepto de remuneraciones l¡quidas presumiblemente captado en
las encuestas. Asimismo, debe hacerse lo propio respecto de
las ganancias, debido a que el concepto contable tambi‚n
incluye tales impuestos.
Para ello se requiere desglosar los impuestos directos pagados
por los hogares, y registrados en la cuenta, de manera de
asociarlos (enteramente) a cada una de estas dos fuentes de
ingreso. Con ese prop¢sito es necesario sistematizar la
informaci¢n disponible en cada oportunidad sobre los
diferentes tipos de impuesto, a fin de estimar el respectivo
valor pagado por los sueldos y salarios y, por diferencia,
deducir el correspondiente a las ganancias.
d) Arriendos imputados y arriendos efectivos
En cada uno de los a¤os para los que se estime la cuenta de
los hogares, se debe incluir un conjunto de partidas informa-
tivas. Entre ellas cabe contemplar los alquileres imputados
por el uso de la vivienda propia o cedida, y la identificaci¢n
de aquella parte del excedente de explotaci¢n del sector
propiedad de vivienda que corresponde a arriendos imputados.
Estos datos permiten, naturalmente, disponer del valor de los
arriendos imputados y adem s calcular el de los arriendos
efectivos, y hacer los mencionados ajustes al excedente de
explotaci¢n para hacer compatible su comparaci¢n con el
concepto de ganancia de los trabajadores independientes
captado en las encuestas.
i) Arriendos imputados
Como se desprende de lo anterior, entre estas partidas infor-
mativas se debe incluir tanto la producci¢n bruta de los
arriendos imputados como su correspondiente valor agregado
(excedente de explotaci¢n). La diferencia entre ambos se
explica por los costos de producci¢n, que en este caso se
relacionan b sicamente con los gastos de reparaciones,
contribuciones de bienes ra¡ces, consumo de capital fijo, y
gastos comunes (14).
Ahora bien, aun cuando trat ndose del ingreso de los hogares
corresponder¡a estrictamente hacer la comparaci¢n con los
arriendos imputados de la encuesta seg£n el nivel de valor
agregado, es razonable suponer que en la pr ctica los hogares
entrevistados responden en funci¢n de lo que ellos estiman
podr¡a ser el valor de arriendo de su vivienda en el caso de
que ella debiera contratarse en el mercado. De modo que el
monto que reportan se aproxima m s al concepto de valor de
producci¢n que de valor agregado, debido a que es dable
presumir que los hogares no descuentan ninguno de los ¡temes
de costo se¤alados anteriormente. M s a£n, tampoco ser¡a
posible calcular estos costos en base a alguna otra
informaci¢n registrada en la encuesta.
De all¡ entonces que, para esta corriente de ingreso no
monetario, la comparaci¢n entre las magnitudes del marco de
referencia y las de la encuesta se establezca normalmente
seg£n el valor total de los arriendos imputados. Esto, sin
perjuicio de que en el curso de esa comparaci¢n se presenten
adem s otros problemas, a los cuales haremos referencia m s
adelante.
ii) Arriendos efectivos
De acuerdo a la informaci¢n disponible en las partidas infor-
mativas, ‚stos se obtienen como la diferencia entre el
excedente de explotaci¢n del sector propiedad de vivienda y
aquel que corresponde a los arriendos imputados.
Cuando en las encuestas se investiga separadamente esta
corriente de ingreso, queda abierta la posibilidad de
contrastar directamente la medici¢n que de ella efect£an ambas
fuentes de informaci¢n.
e) Prestaciones del nuevo sistema de seguridad social
El valor de las prestaciones que reciben los hogares de parte
de los nuevos sistemas de seguridad social (capitalizaci¢n
individual) en aquellos pa¡ses en que han sido implementados
-incluido entre las partidas informativas-, se contabiliza
conjuntamente con el valor de las prestaciones del r‚gimen
antiguo de seguridad social que se registra en la cuenta de
los hogares. Esto responde a la necesidad de hacer equivalente
el concepto del marco de referencia con aquel efectivamente
reportado en las encuestas.
Cabe se¤alar que el hecho de que las prestaciones de este
r‚gimen no figuren entre los ingresos de la cuenta, obedece a
que contablemente los aportes al nuevo sistema se consideran
como una transacci¢n financiera (ahorro), de modo que las
prestaciones se asimilan a un retiro de fondos propios o
desahorro. No obstante, en el contexto de la evaluaci¢n de los
recursos disponibles del hogar, y dada la modalidad que asumen
normalmente estos retiros, parece m s l¢gico sujetarlos a la
consideraci¢n de ingreso corriente.
De cualquier manera, es del caso recordar que ‚ste es uno de
los tipos de ingreso que para los efectos del ajuste se
contabiliza en t‚rminos netos, en la medida que las cotiza-
ciones son simult neamente deducidas de las remuneraciones de
los empleados.
Un tratamiento algo distinto es el que se aplica a las
transacciones con las instituciones privadas de salud previ-
sional -en los casos en que existen-, en la medida que se
asimilan a las compa¤¡as de seguros. Contablemente sus
prestaciones se registran en el rubro de ingreso de los
hogares bajo el ¡tem de indemnizaci¢n del seguro de riesgos,
al tiempo que las cotizaciones de los empleados se incluyen
como primas netas por seguro de riesgos y, una parte menor,
como gasto de consumo final, en virtud de que se considera
pago por servicio (costo administrativo y ganancia de las
instituciones). De all¡ que, en funci¢n del ajuste de los
ingresos de la encuesta, el valor de este tipo de prestaciones
se compute tambi‚n en t‚rminos netos, dentro del conjunto de
partidas que constituyen las transferencias corrientes.
f) Ajuste al concepto de ingreso disponible
Un punto que puede suscitar debate es si los ingresos de los
hogares medidos en la encuesta debieran compatibilizarse, a
nivel global, con el concepto de ingreso disponible de las
cuentas nacionales, o si determinadas partidas debieran
considerarse estrictamente en t‚rminos de ingreso ®bruto¯. En
otras palabras, si a algunas corrientes de ingreso registradas
en la cuenta de los hogares debiera descont rseles o no su
contrapartida de gasto en que incurren los hogares por el
mismo concepto.
En concreto, esto afectar¡a a corrientes tales como los
ingresos de capital en efectivo (rentas de la propiedad
recibidas menos intereses y otras rentas pagadas), los seguros
de riesgos (indemnizaciones recibidas menos primas netas
pagadas) y las transferencias corrientes (recibidas menos las
efectuadas).
Al respecto, en los trabajos de la CEPAL se ha optado por
operar estas variables sin descontar los respectivos gastos,
en atenci¢n a que las encuestas apuntan a captar -en el mejor
de los casos- el ingreso bruto correspondiente, y de ninguna
manera se puede presumir que, pese a ello, los entrevistados
reporten dichos ingresos en t‚rminos netos.
Sobre este particular cabe tener presente tres circunstancias
adicionales: la primera, de orden estrictamente pr ctico, es
que el conjunto de estas corrientes de ingreso representa una
proporci¢n muy baja del ingreso total de los hogares, de modo
que cualquiera sea el criterio que se adopte tiene muy poca
incidencia en el resultado final; la segunda, en tanto, es m s
conceptual, y se refiere al hecho de que lo que interesa
evaluar en la perspectiva de los estudios de pobreza es la
magnitud de los recursos de que dispone el hogar, con
prescindencia del destino de esos recursos, cuesti¢n esta
£ltima que desde un punto de vista normativo -y especialmente
para el caso de los hogares pobres- queda comprendida en las
consideraciones propias de la determinaci¢n del valor de la
l¡nea de pobreza (o sea, de los gastos requeridos para cubrir
las necesidades b sicas), y, finalmente, que de acuerdo a la
t‚cnica aplicada para corregir espec¡ficamente la subdeclara-
ci¢n de los ingresos de capital medidos por las encuestas,
donde s¢lo se imputan al quintil de mayores ingresos, el
criterio alternativo se reflejar¡a cuando m s en una leve baja
de la concentraci¢n del ingreso, pero casi no afectar¡a la
medici¢n de la pobreza.
Lo anteriormente descrito permite ilustrar acerca de los avances
metodol¢gicos alcanzados en materia de evaluaci¢n y correcci¢n de
los sesgos que afectan a la medici¢n de ingreso que realizan las
encuestas de hogares. Pero, al mismo tiempo, advierte respecto a
la necesidad de seguir progresando en la calidad de estos ajustes
(15), conjuntamente con mejorar la confiabilidad de la informa-
ci¢n, tanto de las encuestas como de las cuentas nacionales.
5. Ampliaci¢n de la cobertura del concepto de ingreso
Una parte del consumo, especialmente de los sectores de bajos
ingresos, proviene de transferencias del Estado, que no se captan
dentro de los gastos privados que investigan las encuestas. Estas
debieran incorporar los instrumentos que permitan registrar este
tipo de informaci¢n.
Como ya se mencion¢, el hecho de que el dato registrado en las
encuestas de hogares corresponda exclusivamente al gasto en
consumo privado implica que una parte de la satisfacci¢n de las
necesidades b sicas no queda reflejada en esa pauta de consumo, en
la medida que los hogares acceden a determinadas transferencias en
forma de bienes y servicios subsidiados total o parcialmente por
el Estado.
En el contexto de la metodolog¡a de LP no existen, en principio,
grandes dificultades conceptuales para ampliar el concepto de
ingreso corriente total de los hogares hacia uno que incluya el
acceso efectivo a esos servicios p£blicos gratuitos o subsidiados.
Ello, por cuanto lo que involucra este £ltimo punto no es si la LP
resultante incorpora o no dichos bienes y servicios, ya que su
consideraci¢n expl¡cita muy probablemente disminuir¡a el coefi-
ciente de Engel (aumentando, por ende, la LP) con un aumento
proporcional correlativo en el ingreso de los hogares. Veamos un
ejemplo simple de un hogar cuyos ingresos se sit£an al nivel de la
l¡nea de pobreza:
Gasto en alimentos (G.A.) = 100/200 = 0.5 (2.0)
G.A. + Otros gastos privados
Gasto en alimentos = 100/250 = 0.4 (2.5)
Gasto total privado + Bienes P£blicos
Ingreso 200 <=> Ingreso 250
De lo anterior se deduce que el problema m s bien estriba en la
variabilidad de acceso de los hogares -entre ellos y a lo largo
del tiempo- a los bienes y servicios p£blicos o, por contraste, en
la validez del supuesto sobre una relativa estabilidad en la
cuant¡a y distribuci¢n de los bienes p£blicos; de lo cual se
concluye que los hogares toman sus decisiones de gasto con arreglo
al sistema institucional vigente, y en consecuencia el coeficiente
de Engel es adecuado para estimar el costo global del conjunto de
las necesidades.
Sin embargo, la situaci¢n es distinta en el plano emp¡rico. Las
encuestas no proveen informacion suficiente sobre el particular.
En muy pocos casos (como la encuesta CASEN de Chile, por ejemplo)
se identifica a los hogares y personas beneficiados con
transferencias monetarias fiscales y se les consulta acerca del
monto de esas prestaciones, o bien se registra la informaci¢n
suficiente como para realizar la correspondiente imputaci¢n
(apoyada con datos de costo, externos a la encuesta). Desde luego,
en cuanto a las transferencias no monetarias el problema es a£n
mayor.
El desaf¡o en esta rea lo constituye el dise¤ar y llevar a la
pr ctica los instrumentos adecuados para levantar la informaci¢n a
nivel de cada hogar, conjuntamente con asegurar su periodicidad.
Lo que trae consigo el beneficio adicional de aportar los
antecedentes necesarios para ampliar el an lisis de las
condiciones de vida y realizar el seguimiento y evaluaci¢n de
determinados programas sociales.
6. Medidas de pobreza
La estratificaci¢n de la poblaci¢n de acuerdo a criterios de
pobreza, abre la posibilidad de elaborar informaci¢n e indicadores
de gran utilidad para el conocimiento del fen¢meno y de su
evoluci¢n.
La mayor¡a de los estudios de pobreza que se elaboran en Am‚rica
Latina presentan, normalmente, resultados relativos a la identifi-
caci¢n y cuantificaci¢n de los hogares pobres. Vale decir,
proporcionan informaci¢n acerca de la incidencia de pobreza,
desagregada por unidades geogr ficas o grupos socioecon¢micos. Son
m s escasos, sin embargo, aquellos que cubren otras dimensiones
del problema, tales como las brechas o ®deuda¯ de pobreza y la
severidad de la pobreza (qu‚ tan pobres son los pobres). Asimismo,
no es del todo usual que se divulguen antecedentes sobre el perfil
o caracter¡sticas de los hogares pobres, particularmente £tiles
para las tareas de diagn¢stico y dise¤o de pol¡ticas.
Se han propuesto un gran n£mero de medidas de la pobreza que
permiten enriquecer las posibilidades anal¡ticas de estos
estudios. Entre ellas est n las que dan cuenta de la insuficiencia
de ingreso de los pobres, de la magnitud del esfuerzo social
requerido para superar la pobreza o, por la v¡a de la descompo-
sici¢n estad¡stica de los ¡ndices, de la contribuci¢n de distintos
factores a la evoluci¢n de la incidencia agregada de pobreza.
Desde un punto de vista formal, cada una de estas medidas presenta
ventajas y limitaciones. Sen (1976) se¤al¢ dos axiomas principales
que deb¡an cumplir, como condiciones, los ¡ndices de pobreza, a
saber:
a) Axioma de monotonicidad. Una reducci¢n en el ingreso de un
hogar pobre (ceteris paribus) debiera incrementar el ¡ndice de
pobreza.
b) Axioma de transferencia. Una transferencia de ingresos de un
hogar pobre a otro m s rico (ceteris paribus) debiera
incrementar el ¡ndice de pobreza.
No todos los ¡ndices conocidos satisfacen estas condiciones. Es
claro, por ejemplo, que la medida de incidencia de pobreza (H) no
tiene ninguna de estas dos propiedades, en tanto que las de
brechas de pobreza satisfacen el axioma de monotonicidad, pero no
as¡ el de transferencia. En atenci¢n a ello, el mismo Sen propuso
un ¡ndice que supera estas limitaciones:
P(s) = H [ I + (1 - I) G ]
donde: H = incidencia de pobreza
I = brecha de ingreso (deuda media de pobreza en porcentaje
-respecto a la l¡nea de pobreza)
G = coeficiente de Gini de la distribuci¢n del ingreso de
los pobres.
Como se advierte, en este ¡ndice la incorporaci¢n del coeficiente
de Gini soluciona el problema de que se mantengan inalteradas las
medidas H e I cuando se producen transferencias de ingreso entre
los pobres. A su vez, 0 < P(s) < 1 .
De all¡ se deduce que:
P(s) = H * I si todos los pobres tienen el mismo ingreso.
P(s) = 0 si todas las personas tienen un ingreso mayor que la
l¡nea de pobreza, y
P(s) = 1 si todas las personas tienen un ingreso igual a cero.
Por su parte, Foster, Greer y Thorbecke (1984) tambi‚n formularon
un ¡ndice de pobreza, incorporado en una familia de ¡ndices a
partir de diferentes valores del par metro ® ¯ (que representa
algo as¡ como el grado de aversi¢n a la pobreza por parte de la
sociedad). Cuando =0, el ¡ndice es igual a la incidencia de
pobreza (H); con =1, es igual a la brecha de pobreza (H * I), en
tanto que cuando =2, el ¡ndice representa la distancia media de
ingreso de los pobres, al cuadrado, en relaci¢n a la l¡nea de
pobreza (FGT). As¡:
q 2
P(FGT) = (1/n) S [(z-y )/z]
i=1 i
donde: n = poblaci¢n total
q = total de pobres
z = l¡nea de pobreza, e
y = ingreso del i-‚simo individuo pobre
i
Este ¡ndice cumple con los axiomas de monotonicidad y
transferencia y, adem s, satisface la propiedad aditiva (y de
descomposici¢n). Sin embargo, su interpretaci¢n -en cuanto al
significado en s¡ y de sus cambios- no resulta del todo clara.
Los ejemplos anteriores persiguen tan s¢lo llamar la atenci¢n
respecto a la posibilidad e importancia de complementar el
an lisis tradicional sobre la magnitud y evoluci¢n de la pobreza,
mediante la incorporaci¢n de medidas y perfiles que permitan
enriquecer el diagn¢stico y conocimiento acerca de la situaci¢n de
los sectores pobres. Desde luego, siempre en el marco de las
limitaciones que impone la naturaleza muestral de la informaci¢n y
la confiabilidad de los datos de ingreso que corrientemente se
utilizan en este tipo de estudios.
7. Las fuentes de informaci¢n
El mejoramiento de la calidad, cobertura y pertinencia de la
informaci¢n que generan las encuestas de hogares, se reitera -por
muchos motivos- como un tema crucial. Paralelamente, se debiera
avanzar en cada pa¡s hacia la conformaci¢n de un sistema integrado
de encuestas e indicadores sociales.
Finalmente, algunos comentarios de orden general sobre las fuentes
de informaci¢n que se utilizan como base para la elaboraci¢n de
los estudios de pobreza por el m‚todo de LP, espec¡ficamente las
encuestas de hogares.
Para nuestros fines es pertinente distinguir al menos tres clases
de encuestas de hogares que se llevan a cabo regularmente en
Am‚rica Latina, y cuya informaci¢n permite el c lculo de
indicadores sociales y de pobreza.
En primer lugar est n las encuestas de hogares de prop¢sitos
m£ltiples, incorporadas en un programa permanente o de ejecuci¢n
peri¢dica. Por este tipo de encuestas se entiende aquellas que se
realizan a lo menos una vez al a¤o, cuyo m¢dulo central se orienta
generalmente a la medici¢n del empleo y que, al mismo tiempo,
registran informaci¢n sobre un conjunto m s amplio de
caracter¡sticas de las personas (demogr ficas, de migraci¢n,
educaci¢n e ingresos) y de sus viviendas. Asimismo, la mayor¡a de
ellas incluye en algunas de sus rondas m¢dulos especiales,
adosados al cuestionario principal de la encuesta, los que de
hecho han pasado a constituir un interesante expediente -de bajo
costo- que se adapta bien a las necesidades de investigaci¢n y de
profundizaci¢n de ciertos temas (trabajo femenino, educaci¢n y
capacitaci¢n, acceso a servicios de salud, etc.).
Un segundo tipo de encuestas, que se realizan de manera menos
frecuente y con periodicidad variable, son las encuestas de
ingresos y gastos o de presupuestos familiares. Tambi‚n se trata
de investigaciones muestrales que aportan antecedentes muy £tiles
para el examen de la situaci¢n social. Normalmente contienen,
adem s de ciertos atributos generales de las personas y de las
viviendas, un registro detallado del ingreso y del gasto de las
familias, a partir de lo cual se definen las canastas b sicas de
alimentos cuyo valor se utiliza en la estimaci¢n de las l¡neas de
pobreza. A su vez, efect£an un control (estad¡stico) de la
estacionalidad del ingreso y de los gastos, en la medida que se
entrevista a distintos hogares habitualmente a lo largo de todo un
a¤o. Esto redunda en una calidad relativamente buena de la
informaci¢n, a lo que tambi‚n contribuyen los instrumentos y
procedimientos de captaci¢n, los m‚todos de evaluaci¢n (balance
ingreso/gasto y chequeos en lugares de compra) y la selecci¢n del
entrevistado (en muchos casos, informante directo). Adem s, estas
encuestas suelen integrarse en el marco conceptual de las cuentas
nacionales, especialmente en lo que respecta a la estructura de
consumo de los hogares, y su tem tica hace posible -en alg£n
grado- el estudio del comportamiento de los gastos de consumo
frente al impacto de determinadas pol¡ticas econ¢micas de
coyuntura. Contra el buen logro de este objetivo conspira, sin
embargo, el car cter sumamente espor dico de estas investigaciones
(debido, entre otros, a su alto costo), su cobertura geogr fica
generalmente subnacional, su alta complejidad y el que, por lo
mismo, sea dif¡cil contar con muestras tipo ®panel¯. Asimismo, su
gran extensi¢n dificulta la posibilidad de profundizar en temas
como la educaci¢n y la vivienda, o bien incorporar otros, como el
acceso a los servicios de salud o la recepci¢n de transferencias
no monetarias del Estado.
Por £ltimo, cabe mencionar las encuestas preparadas especialmente
para hacer un seguimiento y evaluaci¢n de las condiciones sociales
y de las situaciones de pobreza en la regi¢n. Estos relevamientos,
que se efect£an cada 2 ¢ 3 a¤os, est n orientados a investigar con
mayor extensi¢n o profundidad determinados aspectos, como ser el
impacto que tienen en diferentes sectores de la poblaci¢n las
pol¡ticas y programas sociales. Un prototipo de ‚stos, que viene
teniendo bastante difusi¢n e influencia en Am‚rica Latina, es la
encuesta de caracterizaci¢n socioecon¢mica nacional (CASEN) de
Chile. Normalmente se investiga con bastante detalle no s¢lo los
recursos (ingresos) globales del hogar sino tambi‚n el acceso
efectivo a determinados programas asistenciales (alimentaci¢n
escolar, subsidios alimentarios o de vivienda, etc.) y a los
servicios p£blicos (salud, educaci¢n, infraestructura, etc.). Ello
permite medir el impacto y evaluar el grado de focalizaci¢n de
esos programas, conjuntamente con el an lisis de importantes
caracter¡sticas de los grupos beneficiarios, a base de informaci¢n
del hogar recogida por la encuesta y no as¡ por los registros
administrativos propios de cada programa.
Cabe hacer notar que un n£mero importante de pa¡ses de la regi¢n
cuentan con programas que comprenden dos e incluso los tres tipos
de encuestas mencionadas, sujetas l¢gicamente a periodicidades
distintas cada una de ellas. Sin embargo, en los £ltimos tiempos y
como fruto de una creciente demanda de informaci¢n del rea
social, se han evidenciado con mayor fuerza ciertos vac¡os con
relaci¢n especialmente a la cobertura tem tica y a la periodicidad
de las encuestas, como tambi‚n respecto a la concordancia de los
datos generados por diferentes fuentes, y a la aptitud de los
mismos para responder a las necesidades impuestas por las
pol¡ticas y proyectos sociales. Esto ha llevado en algunos casos a
la proliferaci¢n de encuestas, o bien a ampliar el contenido de
los cuestionarios m s all de lo que razonablemente permite la
definici¢n de cada procedimiento y las caracter¡sticas y
limitaciones de los instrumentos utilizados. Un ejemplo de ello es
el intento de abordar la investigaci¢n de los temas propios de las
encuestas de ingresos y gastos mediante los procedimientos m s
giles y baratos, pero menos eficaces, de las encuestas de
prop¢sitos m£ltiples.
En este sentido, junto con persistir en el esfuerzo de propender
al mejoramiento de la calidad de los datos que se producen con las
diferentes investigaciones, nos parece que se debiera tender a
aclarar mayormente las potencialidades de cada tipo de encuesta
fomentando una cierta especializaci¢n, pero en un marco de
coherencia y complementariedad entre ellas (sistema integrado).
Esto debiera implicar que en aquellos pa¡ses en los cuales no
existe una o m s de estas encuestas, que son la mayor¡a en la
regi¢n, debiera avanzarse en completar el sistema. La diversidad
de situaciones que presentan los pa¡ses determinar que en algunos
casos el ‚nfasis sea puesto en lograr la continuidad y elevar la
calidad de la encuesta de prop¢sitos m£ltiples, ampliando su
cobertura geogr fica y fortaleciendo el soporte institucional. En
otros, en tanto, cobrar relevancia la realizaci¢n de una nueva
encuesta de ingresos y gastos, o bien el dise¤o y puesta en
pr ctica de una investigaci¢n sobre las condiciones de vida de la
poblaci¢n. En los m s avanzados, por su parte, lo central
estar en mejorar la coherencia e integraci¢n de todos estos
instrumentos.
Bibliograf¡a
ù Altimir, O. (1975), ®Estimaciones de la distribuci¢n del ingreso
en Am‚rica Latina por medio de encuestas de hogares y censos de
poblaci¢n. Una evaluaci¢n de confiabilidad¯, Comisi¢n Econ¢mica
para Am‚rica Latina y el Caribe (CEPAL), agosto.
ù (1979), ®La dimensi¢n de la pobreza en Am‚rica Latina¯, serie
Cuadernos de la CEPAL, N§ 27.
ù (1987), ®Income Distribution Statistics in Latin America and
their Reliability¯, The Review of Income and Wealth, vol. 33,
N§ 2, junio.
ù (1988), ®Determinaci¢n de las necesidades de energ¡a y proteinas
para la poblaci¢n de nueve pa¡ses latinoamericanos¯, CEPAL,
Divisi¢n de Estad¡stica y Proyecciones (LC/L.471), julio.
ù Coordinaci¢n General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y
Grupos Marginados del Gobierno de M‚xico (COPLAMAR) (1983),
Macroeconom¡a de las necesidades esenciales en M‚xico, Siglo XXI
Editores, M‚xico.
ù Beccaria, L. y A. Minujin (1993), ®Sobre la medici¢n de la
pobreza: ense¤anzas a partir de la experiencia Argentina¯,
mimeo.
ù Boltvinik, J.(1990), ®Pobreza y necesidades b sicas¯, Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junio
ù Comisi¢n Econ¢mica para Am‚rica Latina y el Caribe (CEPAL)
(1990), ®Una estimaci¢n de la magnitud de la pobreza en Chile,
1987¯, octubre.
ù (1991), ®Magnitud de la pobreza en Am‚rica Latina en
los a¤os ochenta¯, serie Estudios e informes, N§ 81.
ù Feres, J.C. (1988), ®Las encuestas de hogares y la medici¢n del
ingreso en Am‚rica Latina¯, revista Estudios de Econom¡a, vol.
15, N§ 1, Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad de
Chile.
ù Feres, J.C. y A. Le¢n (1987), ®Colombia: estructura del gasto
familiar en distintos tipos de hogares¯, CEPAL, abril.
ù (1988), ®Algunos comentarios sobre la metodolog¡a de
construcci¢n y valoraci¢n de las canastas b sicas de alimentos
para los estudios de pobreza¯, CEPAL, abril.
ù (1990), ®Magnitud de la situaci¢n de la pobreza¯,
Revista de la CEPAL, N§ 41, agosto.
ù Foster, J., J. Greer, y E. Thorbecke (1984), ®A Class of
Decomposable Poverty Measures¯, Econometrica, vol. 52, N§ 3,
mayo.
ù Gerstenfeld, P. (1993), ®Mediciones de pobreza en Uruguay.
Aspectos metodol¢gicos¯, CEPAL , Montevideo, noviembre.
ù Ravallion, M.(1992), ®Poverty Comparisons. A Guide to Concepts
and Methods¯, World Bank, LSMS Working Paper, N§ 88.
ù Sen, A. (1976), ®Poverty: An ordinal Approach to Measurement¯,
Econometrica, vol. 44, N§ 2, marzo.
ù (1981), ®Poverty and Famines. An Essay on Entitlement
and Deprivation¯, Organizaci¢n Internacional del Trabajo (OIT),
Clarendon Press, Oxford.
|